Tras conocerse la noticia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral al 29 de noviembre, Santiago Abascal, afirmó “los españoles deben saber que nosotros estamos absolutamente preparados para ofrecerle a España las soluciones que nuestro país necesita” insistiendo en que las soluciones que España necesita pasan por la prioridad nacional, la desregulación y la remigración, que serán los ejes de las propuestas de VOX de cara al 29-N.
“Prioridad Nacional” para que los españoles no estén nunca más discriminados en su propia patria, para que los españoles no sean los últimos. “Desregulación” para quitar a la economía, al modelo productivo, todas las corrupciones, todas las ideologías y todo el ánimo confiscatorio que está ahogando a los autónomos, destruyendo a las clases medias, que impiden salir adelante a las pequeñas y medianas empresas, y que están destruyendo también el futuro de los trabajadores españoles; y “Remigración” para revertir la invasión migratoria que tantas consecuencias negativas está teniendo para el bolsillo de los españoles, para su seguridad, para su asistencia sanitaria e incluso para su capacidad de acceder a una vivienda, como hace años lo pudieron hacer otras generaciones de españoles.
Muy pocos españoles están en contra del concepto acuñado por los de Abascal de “Prioridad Nacional” o dicho vulgarmente “los españoles primero”, pues casi nadie duda de que los que pagamos los impuestos, los ciudadanos españoles, debemos tener preferencia legal, económica y asistencial en el acceso a los recursos públicos, el empleo y los servicios del Estado frente a los ciudadanos extranjeros. Nadie puede poner en duda que el “Estado del Bienestar” se financia con el esfuerzo contributivo e histórico de las familias españolas y que, al ser los recursos públicos limitados, es una obligación moral y de justicia distributiva que quienes tienen la nacionalidad española tengan prioridad absoluta en su reparto.
Por ello, las ayudas asistenciales no contributivas, como rentas mínimas de inserción, becas de comedor, ayudas al alquiler o subsidios de subsistencia, deben asignarse dando prioridad por ley a los españoles frente a los extranjeros. Resulta inadmisible que los baremos actuales primen los niveles de renta muy bajos sin ponderar el tiempo cotizado o la nacionalidad, lo que deja fuera a familias españolas vulnerables en favor de inmigrantes recién llegados. Y es de cajón, que se impida el acceso a cualquier ayuda o subsidio público a quienes se encuentren en situación administrativa irregular.
Ocurre lo mismo en el acceso al parque público de vivienda social o a las ayudas directas para pagar el alquiler, la condición de nacional español debe ser un criterio preferente o un filtro previo indispensable para las adjudicaciones de vivienda protegida municipal o autonómica.
También hay que proteger al trabajador español frente a la competencia de mano de obra foránea priorizando la contratación de desempleados nacionales antes de autorizar la llegada o contratación en origen de trabajadores extranjeros. Y por supuesto, hay que endurecer las penas a empresarios que contraten a extranjeros sin permiso de trabajo, por precarizar así los salarios de la clase trabajadora nacional.
En lo referente a la Sanidad, hay que limitar la cobertura sanitaria gratuita a inmigrantes irregulares exclusivamente a urgencias vitales, partos y atención pediátrica, suprimiendo la tarjeta sanitaria universal ordinaria para este colectivo; y por supuesto, hay que reclamar el coste de los tratamientos a los países de origen o a los propios usuarios extranjeros no residentes para frenar lo que se denomina “turismo sanitario”.
Al final, “Prioridad Nacional” es pura y llanamente, “Sentido Común”.