La presunción de inocencia, esa que se pisotea a diario en leyes como la llamada de “Violencia de Género”, es un principio inherente a la convivencia democrática, sin él, no puede haber democracia.

Nadie absolutamente, y menos un importante cargo público miembro de un gobierno, puede imputar conductas delictivas a quien no es su autor, a quien no ha sido condenado, pues supone una grave vulneración del derecho al honor de la persona injustamente señalada.

Sólo a los jueces y magistrados que integran el poder judicial les corresponde decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un ciudadano, en nuestro ordenamiento jurídico no pueden tener cabida los ajusticiamientos populares o mediáticos, esos que tanto gustan a socialistas y comunistas.

Evidentemente, estos principios democráticos básicos son despreciados por quienes conciben el poder de forma autoritaria y gustan de atribuirse potestades ajenas, condenando o absolviendo en función de sus intereses políticos particulares, algo que los españoles venimos sufriendo desde la coronación del sanchismo, que ha pretendido criminalizar la crítica al Gobierno y normalizar los señalamientos institucionales a ciudadanos privados, jueces y empresas en la medida en la que resulten convenientes para su discurso político.

El caso de Rafael Marcos es sangrante. Para justificar el indulto parcial a la madre de su hijo, María Sevilla, que había sido condenada por un delito de sustracción de menores, la ministra de Igualdad lo acusó públicamente de ser un maltratador, un crimen que no ha cometido. En un acto público, nuestra descerebrada ministra, presentó a la indultada como una de las madres protectoras que habían sufrido la criminalización y la sospecha de la sociedad por defenderse a sí mismas y a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores.

Intentó presentar a la indultada como una víctima ante la opinión pública, no dudando en pisotear la dignidad y la reputación de un buen padre, una persona honesta y trabajadora ajena al mundillo infecto en el que han transformado la política. Lo condenaron sin necesidad de juicio ni de sentencia, simplemente por una mera cuestión de conveniencia.

La Sala Primera del Tribunal Supremo hizo pública la sentencia que estima parcialmente la demanda de Rafael Marcos y condena a la ministra de Igualdad a abonarle 18.000 euros, borrar el vídeo difamatorio de su cuenta en Twitter y publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia tanto en esa red social, como en un periódico de ámbito nacional.

Los cargos públicos deben servir a los ciudadanos y no dedicarse a prodigarles calificativos con la intención de ajusticiarlos o lincharlos. Los españoles estamos hartos de las políticas del señalamiento que menoscaban el honor y la imagen de particulares, empresas y jueces para obtener réditos electorales o eludir responsabilidades.

Quienes componen ese feminismo hembrista tan dañino que padecemos, deberían ser expulsados de la democracia que no respetan. Ya está bien de enfrentar a las mujeres contra los hombres. Con lo sencillo que es, leyes duras contra la persona que maltrate o mate a su pareja, sea hombre o mujer, igual para quien secuestre a sus hijos, y por supuesto, leyes super duras para quien denuncie en falso y para los trabajadores públicos que aconsejen hacerlo para obtener beneficios aunque arruinen la vida de la otra persona.