España atraviesa una situación alarmante en materia de incendios forestales, con una oleada de fuegos que, en apenas unos días, ha devastado extensiones colosales de territorio natural. Las cifras no dejan lugar a dudas, la superficie arrasada multiplica por tres la registrada en el mismo periodo del año anterior, reflejando una escalada que difícilmente puede calificarse de casual o inevitable.
Sin embargo, desde los altavoces oficiales y mediáticos afines al poder político, se insiste de manera machacona en atribuir esta catástrofe al llamado “cambio climático”. Tanto el Ejecutivo central encabezado por Pedro Sánchez como determinados dirigentes autonómicos, incluidos algunos del Partido Popular como Juanma Moreno, han optado por difundir una narrativa simplista que desplaza cualquier responsabilidad directa de la gestión política.
Frente a ese discurso, emerge una explicación mucho más tangible y menos conveniente, la combinación de abandono institucional, ausencia de políticas eficaces de prevención y una gestión forestal claramente deficiente. La falta de limpieza de montes, la desaparición práctica de cortafuegos, las restricciones de ese pastoreo tradicional que históricamente contribuía a controlar la vegetación y la escasa inversión en desbroce configuran un cóctel perfecto para que cualquier chispa se convierta en un desastre de grandes proporciones. No se trata de un fenómeno inevitable, sino de una cadena de decisiones o de omisiones que han ido allanando el camino hacia la catástrofe.
Año tras año, el patrón se repite con una precisión inquietante. Se conoce de antemano que el verano traerá incendios, se sabe también que una parte significativa de ellos tiene origen intencionado o evitable, y que existen medidas concretas para reducir su impacto. Pese a ello, la inacción persiste. La sensación que se desprende es que la falta de intervención no es meramente accidental, sino funcional a un relato que permite justificar políticas, discursos y asignaciones presupuestarias bajo el paraguas de una supuesta emergencia climática permanente.
En este contexto, surge además una sospecha creciente sobre lo que ocurre después del fuego. Allí donde antes había masa forestal, no siempre se impulsa una restauración ecológica inmediata. En su lugar, empiezan a proliferar proyectos industriales vinculados a energías renovables, promovidos por grandes actores económicos con estrechos vínculos institucionales. El resultado es una transformación radical del paisaje, terrenos que podrían haber sido recuperados para devolverles su valor natural terminan ocupados por infraestructuras que alteran de forma irreversible su fisonomía.
Así, lo que comienza como una tragedia ambiental acaba derivando en un proceso que combina abandono, relato político y oportunidades económicas para determinados sectores. Mientras tanto, el patrimonio natural se pierde, y con él, una parte esencial del equilibrio ecológico y del legado paisajístico que definía esos territorios.