La obscena campaña institucional que ha iniciado el Gobierno a principios de septiembre a favor del aborto, impulsada por el Ministerio de Sanidad y centrada en promover la interrupción voluntaria del embarazo informando sobre el acceso a la prestación en la sanidad pública bajo lemas como “Tienes derecho a abortar. Tienes derecho a hacerlo en la pública” es un ejemplo más del desprecio por la vida que tiene la izquierda.
Dicha campaña ha recibido el rechazo frontal y coordinado, tanto por parte de VOX como de las principales entidades y plataformas provida, al considerar la iniciativa como una “promoción activa” del aborto financiada con fondos públicos.
Como católico y provida que soy, considero que es una auténtica vergüenza utilizar fondos públicos para hacer publicidad y promover la “Cultura de la Muerte”. Los malnacidos que nos desgobiernan han pasado de despenalizar el aborto a convertirlo en un servicio prioritario publicitado activamente con el dinero de los contribuyentes.
Las instituciones deberían destinar esos recursos a redes de apoyo económico, social y psicológico para mujeres con embarazos inesperados o vulnerables, en lugar de “vender el aborto como la única y fácil salida”.
Los anuncios de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico en centros de salud, banaliza un procedimiento que interrumpe una vida humana y añade una presión ideológica indebida sobre los profesionales sanitarios y su derecho a la objeción de conciencia.
El Gobierno se harta de enviar mensajes orientados a eliminar la culpa o el duelo invisibilizando las secuelas emocionales y psicológicas en las mujeres, el llamado “síndrome post-aborto” y omiten el debate biológico y moral sobre la vida del no nacido.
Una campaña pública no puede llamarse informativa si solo presenta el procedimiento de aborto como solución y excluye alternativas viables, como adopción, programas de acogida o ayudas a madres sin recursos.
Confío y creo en la promesa de VOX de que cuando llegue al gobierno derogará la legislación vigente y las reformas que sancionan la presencia de voluntarios o iniciativas provida en las proximidades de las clínicas.
Coincidiendo con la campaña, entidades como Hazte Oír y Derecho a Vivir han registrado peticiones formales al Ministerio exigiendo los informes médicos y técnicos en los que se basan sus afirmaciones institucionales y reclamando información oficial sobre el desarrollo y dolor fetal.
Resultan deleznables los intentos del Ministerio de Sanidad de fiscalizar a las CCAA para crear registros de objetores de conciencia, para forzar a los médicos de la sanidad pública a participar en estas prácticas en contra de su código deontológico.
Y esta campaña se lleva a cabo cuando España cuenta con unos índices de natalidad bajísimos, parece como que la izquierda pretenda que no nazcan más españoles a la vez que lleva a cabo la sustitución poblacional mediante la inmigración masiva “O nos ponemos las pilas o acaban con nosotros”.