Primero veíamos desde la distancia los graves episodios de violencia y vandalismo callejero que ocurrían en distintas capitales y ciudades europeas, luego lo hemos visto en Barcelona o Bilbao, y ahora, nos damos cuenta de que los tenemos casi en la puerta de nuestra casa, de hecho, aquí en Sevilla ya hay convocatorias para la noche de mañana sábado 31 de octubre.
Ante estos hechos, nuestro Gobierno y la izquierda en general, opta por la equidistancia, por la permisividad. La tibieza del PSOE y sus socios ampara el discurso antisistema y no condena con suficiente contundencia los disturbios por intereses electoralistas o simpatías ideológicas, lo que genera una sensación de impunidad en los colectivos violentos.
Y esto sucede, cuando lo normal sería condenar sin ningún tipo de atenuante la quiebra del orden público que están provocando estas hordas de radicales de izquierda, de magrebíes y de delincuentes de todo tipo mediante la quema de contenedores, agresiones a las fuerzas de seguridad y destrucción de mobiliario urbano o comercios, algo que no se puede calificar de otra manera como de delincuencia y de guerrilla urbana, rechazando cualquier intento de justificarlos bajo el paraguas de la libertad de expresión, la protesta social o la disidencia política.
Los españoles que amamos el orden social y respetamos las leyes debemos hacer una defensa cerrada de los CFSE, de los que hay que destacar su profesionalidad y reclamar para ellos mayor respaldo institucional, jurídico y material, pues es habitual que denuncien que se encuentran atados de pies y manos por directrices políticas orientadas a “no crispar”, exponiéndolos a agresiones innecesarias.
Ante la previsión de que estos altercados se extiendan y se reproduzcan en capitales como Sevilla, donde no es habitual que ocurran, es evidente que se corre el riesgo de que la agitación callejera se normalice y se convierta en una táctica itinerante organizada por estos colectivos radicales, por ello, hay que reclamar a las delegaciones del Gobierno y a las autoridades sevillanas máxima firmeza preventiva, vigilancia sobre las convocatorias en RRSS y sanciones ejemplares para los organizadores, ya que la pasividad solo hace que se traslade el problema de una ciudad a otra.
No podemos olvidar, que esta ola de violencia, de no pararse, deteriora la convivencia y daña el tejido económico, debido al perjuicio directo que estos actos causan a comerciantes, hosteleros y vecinos, sin olvidar que, el coste de los destrozos lo acaba pagando siempre el contribuyente.