En España tenemos problemas para dar y regalar, y por todos nosotros es sabido que el problema de la vivienda es uno de los que más preocupa a los españoles, por ello, cuando aparece una voz joven en nuestra política, con las ideas muy claras y que las expresa con un lenguaje que casi todos entienden, da la sensación de que ha nacido una estrella, eso es lo que ha ocurrido con Carlos Hernández Quero, diputado nacional de Vox, Doctor en Historia Contemporánea y especialista en historia urbana, que se ha convertido en la voz principal de los de Abascal en materia de vivienda, suelo y urbanismo.
Cuando da su opinión, lo hace desde una perspectiva distinta a los demás al combinar el análisis demográfico y sociológico con una crítica frontal tanto a las políticas intervencionistas de la izquierda como al modelo de liberalización indiscriminada.
Hernández Quero, no tiene pelos en la lengua y conecta la problemática urbanística con la batalla cultural y social. Para él, no todo se reduce a un problema técnico de costes de construcción, pues lo presenta como lo que es en la actualidad, una amenaza existencial al proyecto de vida de los jóvenes españoles, quienes ven postergada la formación de un hogar y la maternidad debido al precio de los inmuebles.
En definitiva, sus soluciones buscan restablecer el dinamismo del sector privado mediante la desregulación urbanística y la salvaguarda de la propiedad, combinándolo con un papel activo del Estado como garante de la seguridad jurídica, la facilitación de crédito hipotecario y la custodia de un modelo social donde tener un techo propio sea el cimiento de la estabilidad social.
Para Hernández Quero, la vivienda no es simplemente un activo financiero ni un bien abstracto regulable mediante decretos de control de precios, constituye el pilar material imprescindible para la emancipación juvenil, la estabilidad familiar y el arraigo social.
A su juicio, lo que ha bloqueado el acceso a un hogar para las clases medias y trabajadoras ha sido, la inseguridad jurídica y la asfixia regulatoria, pues la Ley por el Derecho a la Vivienda y las medidas de contención de rentas han generado el efecto contrario al deseado, una retirada masiva de inmuebles del mercado de alquiler tradicional hacia el arrendamiento de temporada, turístico o de habitaciones. Los planes generales de ordenación urbana no pueden tardar décadas en tramitarse, encareciendo artificialmente el precio del metro cuadrado y estrangulando la oferta de nueva construcción. Y por supuesto, la discordancia entre la política migratoria y la capacidad residencial del país. El aumento poblacional derivado de flujos migratorios intensos en las grandes áreas metropolitanas no ha ido acompañado de una producción habitacional equivalente. Argumenta también que la tolerancia o lentitud procesal frente a la usurpación y la “inquiocupación” ahuyenta a los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del parque residencial en España.
Por ello, propone la liberalización de suelo y la simplificación de licencias, y defiende que el suelo no debe ser tratado como un bien escaso de origen estatal. Transformar todo suelo que no esté expresamente protegido por razones ambientales, paisajísticas o de seguridad en suelo potencialmente urbanizable. Poner a disposición de la colaboración público-privada parcelas de administraciones públicas para la construcción de vivienda en alquiler asequible y en régimen de compraventa.
También propone el blindaje de la propiedad privada y el desalojo exprés como única vía rápida para que afloren al mercado cientos de miles de viviendas vacías al recuperar así la confianza del arrendador, es decir, llevar a cabo reformas procesales y penales para garantizar el desalojo de inmuebles ocupados o retenidos ilegítimamente en un plazo máximo de 24 a 48 horas. Supresión de tributos, como el IBI o el IRPF atribuido, sobre viviendas que hayan sido sustraídas a la posesión del legítimo titular. Supresión de los topes a los precios del alquiler y derogación de las declaraciones de “zonas tensionadas”, permitiendo la libre negociación entre las partes para dotar de certidumbre a los contratos de larga duración.
Frente a una visión centrada exclusivamente en el alquiler, Hernández Quero defiende la tradición de la España de propietarios como garantía de independencia y patrimonio familiar.
¿Y cómo pretende que se consiga? Eliminando el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la adquisición de la primera vivienda habitual para menores de 35 años y familias numerosas. Con bonificaciones directas en el IRPF, mediante deducción por adquisición de vivienda habitual y beneficios fiscales a propietarios que formalicen contratos de alquiler estable a familias o jóvenes. Con avales públicos de entrada, ampliación y consolidación de avales estatales a través del ICO o agencias autonómicas para cubrir el 20% del valor del inmueble que las entidades bancarias no financian en los préstamos hipotecarios. Y en la adquisición de vivienda pública protegida la reducción drástica del IVA hasta el 4%.
También, para evitar la especulación sin recurrir al intervencionismo de precios, Hernández Quero aboga por retomar los esquemas de vivienda protegida con cláusulas de permanencia, para evitar así que los inmuebles construidos con ayudas o en suelo público pasen al mercado libre en pocos años, preservando un parque permanente para trabajadores de rentas medias y bajas. Y algo muy importante, establecer baremos de adjudicación basados en la vinculación territorial, la antigüedad de residencia y la nacionalidad, primando el arraigo frente a criterios genéricos que, según denuncia, dejan fuera a amplios sectores de la población local.
He intentado resumir lo que es sin duda la solución al problema de la vivienda que en boca del brillante Carlos Hernández Quero ofrece VOX a los españoles.