Una de las ideas principales que lleva en su programa VOX de cara a las elecciones del 29-N es la de la “remigración”. Este concepto tiene muchos matices, pero para mí, el principal es el de cambiar las políticas de Estado relativas a la inmigración orientándolas a revertir la transformación demográfica y cultural que amenazan nuestra identidad y nuestra cohesión nacional.
España llevaba demasiados años siendo un auténtico “coladero” y con Sánchez ha alcanzado su cénit. El motivo quizás lo expresó perfectamente en una entrevista el primer ministro checo, Andrej Babis, quien desde Bruselas afirmó hace pocos días que “Sánchez quería sustituir a los españoles por inmigrantes para mantenerse en el poder”, evidentemente, esa no es la única explicación, pero demuestra que fuera de España ya lo tienen completamente calado. La estrecha amistad o servidumbre que mantiene Sánchez con George Soros, promotor de la sustitución poblacional de Europa, denominada “Gran Reemplazo”, y que aún muchos catalogan como una teoría de la conspiración, podría también estar detrás de lo que perpetra día a día nuestro infame presidente.
Es perfectamente razonable abogar por la devolución o expulsión inmediata de cualquier persona que haya entrado o permanezca sin autorización legal en España.
Es perfectamente razonable expulsar a los inmigrantes, incluso con residencia legal, que cometan delitos graves o reiterados, esos que han hecho del delito leve su forma de vida, para que cumplan condena en sus países de origen.
Es perfectamente razonable que las personas de origen extranjero que no se asimilen a los valores, costumbres y tradiciones españolas o que profesen idearios incompatibles con el modo de vida occidental sean expulsadas.
Es perfectamente razonable que los inmigrantes beneficiarios de ayudas asistenciales, esos que dependen crónicamente de prestaciones públicas en detrimento de los ciudadanos españoles, sean obligados a retornar a sus países de origen.
Es perfectamente razonable que los menores extranjeros no acompañados (menas), sean repatriados a sus países de origen y vuelvan con sus familias, se cierren todos los centros de acogida y esos fondos se empleen en solucionar las muchas carencias que sufrimos los españoles.
Porque la sociedad española tiene derecho a preservar su cultura, seguridad e identidad frente al multiculturalismo y la invasión migratoria. Los procesos migratorios recientes no son irreversibles y el Estado debe tener la capacidad de desandar políticas previas de asentamiento poblacional.
Por todo ello, además de deportaciones formales, si se suprimen las ayudas a la inmigración, si se deja muy claro que no habrá regularizaciones en el futuro y se persigue el empadronamiento fraudulento, se puede conseguir el retorno voluntario de quienes no tengan arraigo legal o laboral.
Y algo fundamental, todo Estado tiene derecho a elegir de donde prefiere que proceda la inmigración legal. En nuestro caso, es evidente, que nuestros hermanos hispanoamericanos deberían tener prioridad, misma lengua, mismas raíces cristianas e integración garantizada.