Ahora se sabe, que los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la masiva entrada de inmigrantes en Ceuta, se produjo un grave incidente en las aguas territoriales españolas. Al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron sin autorización por aguas bajo soberanía española en una vulneración intencionada y reiterada.
Las incursiones navales marroquíes continuaron durante los primeros días de agosto, situándose al borde de provocar una colisión entre buques de guerra de ambos países. La Armada española respondió con el despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) Rayo (P-42), procedente del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria, y de la fragata Navarra (F-85), enviada desde la Base Naval de Rota (Cádiz). Solo tras esta movilización naval y gestiones de alto nivel desde el Ministerio de Defensa, la Marina marroquí interrumpió sus maniobras.
De forma paralela a los incidentes en el mar, la contención en tierra estuvo marcada por la falta de órdenes hacia nuestras FFAA. De acuerdo con testimonios de mandos y fuentes militares, el Ministerio de Defensa disponía de planes de contingencia diseñados específicamente para responder a una entrada masiva en Ceuta, pero nuestro traidor Gobierno vetó su ejecución y no autorizó el despliegue de las unidades.
Las unidades de la guarnición ceutí no recibieron la orden que su cadena de mando reclamaba. Aunque el control fronterizo ordinario no compete al Ejército, los militares argumentan que los planes prevén su intervención inmediata para custodiar puntos estratégicos y proteger a la población en emergencias graves mientras llegan refuerzos peninsulares o canarios. La parálisis de este dispositivo es responsabilidad exclusiva de Sánchez y su banda, que no Gobierno.
La coincidencia en el tiempo de la presión fronteriza terrestre y las maniobras militares en el mar sitúa los hechos en el ámbito de la guerra híbrida: estrategias que operan en el umbral entre la diplomacia y el conflicto abierto.
Diversos análisis y fuentes militares subrayan que los protocolos de defensa nacional están concebidos para salvaguardar el territorio ante amenazas no convencionales sin necesidad de esperar a verificar las intenciones formales del Estado vecino. Para los sectores más críticos, la simultaneidad de los buques marroquíes en aguas de Ceuta y el colapso migratorio en la valla apunta a una implicación directa y coordinada del régimen de Rabat contra la integridad territorial española.
Pedro Sánchez, ha reconoció por primera vez los hechos este 12 de octubre durante una conversación informal con periodistas en el Palacio Real, tras 74 días de silencio oficial. Sánchez calificó las incursiones marítimas de “hechos puntuales” y afirmó que ambas armadas dialogaron para resolverlo y aseguró que el episodio no se ha repetido.
Esta explicación contrasta con la visita que el propio presidente realizó a Ceuta el 31 de julio, cuando las maniobras navales y la crisis terrestre ya estaban en curso, donde agradeció públicamente a Marruecos su cooperación. Es evidente, que el Gobierno trató de ocultar la gravedad de los acontecimientos, señalando además presuntas campañas para desacreditar informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que contradecían la versión oficial, minimizando la agresión y priorizando la relación diplomática con Rabat por encima de la defensa territorial.
Sigue pendiente esclarecer qué alertas tempranas manejaba el Gobierno antes del 30 de julio, quién tomó la decisión de frenar el plan militar en tierra y hasta qué punto la acción combinada de Marruecos por tierra y mar formó parte de una estrategia deliberada contra la soberanía de Ceuta.
Pero cada vez más españoles lo tenemos muy claro y el 29 de noviembre tenemos la oportunidad, si el psicópata monclovita no lo impide mediante alguna trampa, de librarnos de él y hacerle pagar ante los tribunales sus mentiras, sus corrupciones y sus traiciones.