Uno de los asuntos en los que VOX va a hacer más hincapié de cara a las elecciones del 29-N es el de la desregulación, un concepto que de entrada es menos llamativo que otros, pero que nos afecta sobremanera a todos los españoles en nuestra vida cotidiana, pues el día a día de los españoles se ha convertido en una carrera de resistencia, habitaciones alquiladas que pronto serán inasumibles, compras sin alimentos frescos y hogares donde se apaga la calefacción porque el frío asusta menos que la factura. Marginada en las periferias de las ciudades y de la vida, la población hace malabares para llenar la nevera, costear la luz, acceder a un techo propio o permitirse un descanso familiar. Esta asfixia económica, que les arrebata tanto la dignidad cotidiana como el control sobre su propio porvenir, es el resultado directo de décadas de asfixia normativa e “hiperregulación”, esa “maraña burocrática” con la que pretende acabar VOX.
Ese exceso de normativas estatales, autonómicas y europeas actúan en realidad como un “impuesto oculto” que lastra la competitividad de las empresas, encarece el coste de vida y asfixia a autónomos, agricultores y familias.
La simplificación burocrática y la agilización administrativa se puede conseguir tomando varias medidas: considerando el “silencio administrativo” como positivo por defecto, si la Administración no responde en plazo, la solicitud se considera aprobada para evitar parálisis de proyectos; sustituyendo licencias y autorizaciones previas por declaraciones responsables en actividades comerciales e industriales, permitiendo iniciar la actividad de inmediato bajo posterior inspección; que por cada nueva norma creada puedan derogarse varias regulaciones obsoletas o duplicadas de forma sistemática; y por supuesto, eliminar la cita previa obligatoria y crear ventanillas únicas para trámites empresariales e industriales.
Uno de los grandes responsables de la hiperregulación que sufrimos es el Estado de las Autonomías, pues al haberse fragmentado en 17 las distintas normativas, encarece la operativa de las empresas a nivel nacional. Sería de vital importancia unificar criterios bajo una legislación estatal única para garantizar la libre circulación de bienes y servicios sin trabas territoriales.
En materia urbanística, el suelo no protegido debe ser susceptible de ser urbanizado, ya que en la actualidad, el suelo está “secuestrado” artificialmente por ayuntamientos y normativas locales que lo encarecen, por lo que liberar suelo tanto para viviendas como para polígonos industriales y aligerar las cargas y evaluaciones urbanísticas previas supondría el punto de partida para solucionar el problema de la escasez de viviendas y sus desorbitados precios, pues a mayor oferta, precios más asequibles.
Y algo fundamental, la eliminación de las regulaciones ambientales y de sostenibilidad ligadas al Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, ya que las exigencias ecológicas como restricciones de emisiones, zonas de bajas emisiones o requisitos de trazabilidad verde en el campo, son cargas ideológicas que encarecen la producción y perjudican a la industria tradicional y al sector primario.
Es evidente que VOX aboga por el soberanismo económico al abogar por la simplificación de trámites, bajada de impuestos y eliminación de trabas operativas para las empresas españolas, a la vez que apuesta por los controles fronterizos y comerciales, exigencia de cláusulas espejo y aranceles a productos extracomunitarios para frenar la competencia desleal y priorizar el producto nacional. A esto yo lo llamo “sentido común”.
Creo que he pecado de atrevimiento al intentar en apenas folio y medio trasmitiros resumida esta propuesta de VOX, confío en vuestra benevolencia.