Que las universidades públicas españolas sean lugares neutrales donde nadie te imponga qué pensar no es un capricho ni algo que podamos dejar para mañana, es una exigencia básica de cualquier democracia que se precie. Al fin y al cabo, estos centros no caen del cielo, se pagan religiosamente con el dinero que sale del bolsillo de todos los contribuyentes, desde el panadero hasta el médico. Y ese esfuerzo económico tiene un propósito muy claro, que la gente vaya allí a formarse, a estudiar, a desarrollar un sentido crítico propio y a debatir con argumentos sobre la mesa. No están pensadas para que cuatro listos las conviertan en su cuartel general de propaganda ni en la sede encubierta de ningún partido político.
Sin embargo, ese principio tan elemental se va directamente a la basura cada vez que el que piensa diferente recibe como respuesta insultos, empujones y censura pura y dura. Lo acabamos de ver con total crudeza a las puertas del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Allí, un grupo vinculado a juventudes socialistas la tomó con otros jóvenes que simplemente pasaban por la zona, increpándolos, agrediéndolos y echándolos de malas maneras. Más allá de las excusas baratas o de las típicas versiones encontradas que se sueltan a posteriori para tapar el asunto, el problema de fondo es mucho más grave, estamos ante un mal endémico, ante esa manía constante de ciertos sectores de la izquierda radical de creerse que las facultades son su cortijo particular. Porque el verdadero autoritarismo y la intolerancia más rancia asoman justo ahí, cuando una minoría organizada se cree con el derecho divino de decidir quién puede y quién no puede pisar un espacio que nos pertenece a todos.
Por desgracia, esto no es una anécdota aislada ni una calentura de un día, es la tónica habitual con la que tienen que lidiar a diario estudiantes y profesores. Llevan ya demasiado tiempo tragando con un clima de asfixia y coacción constante, promovido por colectivos como la Organización Estudiantil Socialista (OES). La táctica es siempre la misma, taponar pasillos, montar broncas a grito pelado y señalar a cualquiera que no comulgue con sus ideas. Con esas actitudes no solo revientan las clases y arruinan la jornada lectiva a quienes van de verdad a estudiar, sino que dinamitan de raíz la convivencia más básica.
Mirar hacia otro lado ante este panorama es sencillamente intolerable. No se puede permitir que el matonismo ideológico y la intimidación se impongan al debate y acaben con la pluralidad de opiniones. Tanto los rectorados como las autoridades tienen que dejarse de medias tintas, dar un golpe sobre la mesa y actuar con contundencia, hay que castigar a los violentos y garantizar que los campus vuelvan a ser espacios seguros, tranquilos y abiertos para todo el mundo.
Claro que, si somos honestos, esto no ha pasado nunca. Desde los años de la Transición, ningún gobierno ha tenido las agallas ni el interés real de poner orden para que la universidad pública fuera un terreno neutral. Al contrario, las etapas del PSOE, primero con Felipe González, luego con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro Sánchez, estuvieron y están encantados de la vida de ver las aulas colonizadas y funcionando como canteras de su ideología. Y alguno se preguntará: “Oye, ¿y qué hicieron José María Aznar o Mariano Rajoy cuando tuvieron mayorías?”. Pues lo propio de esa derecha acomplejada y mansa que siempre han representado, ponerse de perfil y no atreverse a mover un dedo para meterle mano al problema.
El resultado de esta cobardía política es que llevamos casi cincuenta años con la educación superior secuestrada por el socialismo y el comunismo. Y la consecuencia más palpable no se ha hecho esperar, cualquier que ha conseguido rascarse el bolsillo y poder pagar una universidad privada, ha mandado allí a sus hijos sin dudarlo.