El régimen democrático nacido de la Transición se encuentra en un estado crítico por culpa de la izquierda. Sánchez parece no querer entender que la soberanía la tiene el pueblo y que la expresa en las urnas de forma pacífica. Por el contrario, ha optado por intentar el pucherazo electoral y por lanzar a sus hordas violentas contra VOX, jaurías formadas por radicales de izquierda y por magrebíes, con la ayuda y connivencia de sus respectivos delegados del Gobierno.
Aunque sé que lo que voy a decir a continuación le sonará a chino, a él y a sus cómplices, que no votantes, me veo en la obligación de recordárselo, aunque a mí y a todo demócrata convencido, nos puede sonar a perogrullada.
La convivencia democrática no se negocia bajo la amenaza del adoquín, ni los derechos fundamentales se subordinan al veto del sectarismo callejero. Cuando un grupo de individuos decide emplear la coacción física, los insultos o la violencia para reventar un acto político legítimo y autorizado en la vía pública, no está ejerciendo el derecho a la protesta ni mostrando una legítima discrepancia, está perpetrando un ataque frontal contra el corazón del sistema democrático.
En una democracia de derecho, el espacio público es el foro común de la ciudadanía, regulado por normas que garantizan que todas las opciones legales puedan exponer sus ideas en igualdad de condiciones. Impedir por la fuerza que una formación política, en este caso VOX, se dirija a los ciudadanos que libremente deseen escucharla, supone una vulneración flagrante de libertades fundamentales, la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho a la participación política.
Quienes justifican o ejecutan estos boicots violentos actúan bajo una lógica profundamente autoritaria. Pretenden erigirse en censores morales de la sociedad, arrogándose la potestad de decidir quién puede hablar, qué se puede escuchar y qué ideas merecen ser debatidas. En democracia, las propuestas que se consideran desacertadas, equivocadas o nocivas se combaten en las urnas, en los parlamentos y en el debate de ideas, nunca a través del acoso, el lanzamiento de objetos o el cerco intimidatorio a quienes asisten a un acto político.
La gravedad de estos hechos aumenta cuando se pretende legitimar la agresión disfrazándola de antifascismo. No existe violencia justificable cuando se utiliza para silenciar la voz del adversario. La frontera que separa la protesta legítima del matonismo político es clara: la legalidad y la no violencia. Se puede manifestar el desacuerdo más absoluto frente a cualquier ideología, pero en el momento en que se recurre a la intimidación para clausurar un acto legal, quien protesta pierde toda legitimidad moral y democrática para convertirse en un agresor de las libertades civiles.
Frente a estas actitudes, la condescendencia y la equidistancia que están exhibiendo todos los medios de comunicación al servicio de Sánchez, los convierte en cómplices de los desalmados que sirven al mismo señor. No caben los matices de conveniencia que condenan la violencia según las siglas de quien la sufre o las del agresor. Justificar el acoso hoy contra VOX es abonar el terreno para que mañana el agredido sea uno mismo. Cuando se normaliza que la fuerza bruta marque las reglas del juego, se dinamita la convivencia y se sustituye el imperio de la ley por la ley de la selva.
El Estado y sus instituciones tienen el deber ineludible de garantizar de forma tajante e inflexible el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben contar con el respaldo político, operativo y legal, del que ahora carecen, para disolver cualquier intento de asedio y asegurar que los actos autorizados se desarrollen con absoluta normalidad y seguridad. Asimismo, la justicia debe actuar con rigor y celeridad para identificar y sancionar a los instigadores y ejecutores materiales de estas agresiones, dejando claro que el sabotaje violento de la actividad política conlleva consecuencias penales ineludibles, cosa que tampoco ocurre en la España de Sánchez.
Ninguna sociedad libre puede tolerar que el miedo condicione su vida pública ni que la coacción determine quién tiene derecho a ocupar la vía pública. La respuesta frente a quienes pretenden imponer el silencio debe ser firme, unitaria e inequívoca: defensa absoluta del pluralismo, aplicación estricta de la ley y rechazo total a la violencia política en cualquiera de sus formas.
Señores de la izquierda, a todo esto se le llama “democracia”, eso de lo que ustedes siempre hablaron mucho y no tienen ni puta idea de lo que es en realidad.