Parece
ser que el Gobierno se ha propuesto abrir de manera inmediata,
caminos legales que permitan solucionar los procedimientos de
desahucio mas urgentes, esencialmente los que afectan a viviendas de
familias con personas dependientes.
El
Gobierno ya se ha reunido con el principal partido de la oposición,
PSOE, para intentar llegar a un acuerdo que acabe con este auténtico
drama social. Ambos están de acuerdo en que las decisiones que se
adopten ya no serán voluntarias, como sucedía con las incluidas en
el fallido Código de Buenas Prácticas, aprobado en verano y
dirigido a los bancos, ahora lo aprobado ya tendría carácter
obligatorio.
La
realidad es que todos los días, una media de 500 familias son
desahuciadas, y fruto de la desesperación, empieza a aumentar el
número de suicidios por este motivo.
Que
hay que tomar decisiones, lo avala el dictamen del Tribunal de
Justicia de la UE (TUE), que se ha conocido hoy, y que dice “ la
ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque
no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a
posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas”. Este
tribunal no entiende porque “la ley española no permite paralizar
el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión
debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la
expulsión”, por lo que estima que la regulación procesal española
es incompatible con la directiva comunitaria, pues menoscaba la
eficacia de la protección que ésta persigue, ya que no constituye
una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato
el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar
indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta
forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña
y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para
ejercitar la acción de daños y perjuicios.
El
dictamen del Tribunal de Justicia de la UE no tiene carácter
vinculante, pero indica claramente que debemos cambiar nuestra
legislación al respecto.
Desconozco
cuales van a ser las medidas que va a tomar nuestro Gobierno, aunque
el drama de las familias afectadas es inmenso, también habría que
valorar los efectos perjudiciales que podría provocar un cambio de
legislación fruto de una rápida intervención pública poco
meditada. No sabemos si lo que se va a proponer afectará a lo que
ocurra a partir de la aprobación de la medidas, o por el contrario,
se intentarán tomar medidas retroactivas.
No
debemos obviar que rescatar
a
los
hipotecados
supondrá,
más
pérdidas
bancarias
y,
puesto
que
las
entidades
están
siendo
auxiliadas
por
el
Estado
–lo
cual
es
un
error–,
un
coste
mucho
mayor
para
el
contribuyente,
que es el que paga siempre.
Como
dicen los expertos “frente
a
la
moratoria
hipotecaria
y
la
dación
en
pago
retroactiva,
existen
múltiples
alternativas
que
podrían
atenuar
los
terribles
efectos
de
la
morosidad,
pero
sin
violar
la
seguridad
jurídica,
ni
cargar
al
contribuyente
cumplidor,
con
facturas
extra
que
no
le
corresponden”.
El
asunto de los desahucios es muy complicado, a todos nos afecta ver
las imágenes desgarradoras de una familia expulsada de su vivienda,
pero por su carga emotiva se deberían de tratar todos los casos de
manera individualizada, ya que habría que diferenciar entre el que
se metió en una hipoteca con ingresos suficientes para pagarla y con
posterioridad se queda sin ingresos a causa de la crisis, con el que
de forma irresponsable compró una vivienda sin ingresos suficientes
para hacerla frente. En este último caso, la entidad bancaria
tendría mucha culpa.
La
ciudadanía puede entender el ayudar a familias honradas afectadas
por la crisis, pero no el ayudar a otros muchos que no son
merecedores de esa ayuda.
Repito,
es un tema muy delicado, espero que los responsables de tomar las
decisiones acierten, y no se caiga en la injusticia ni en el agravio
comparativo con respecto a los que si hacen frente a sus
obligaciones.