Es público y notorio, que todas las CCAA no gobernadas por el Partido Popular se dedican a acusar al Gobierno central de ser el culpable de todos los recortes que ellos hacen en sus respectivas comunidades.
En Andalucía no es distinto, cuando Griñan ha decidido prescindir de miles de profesores interinos, se ha apresurado en sus declaraciones a señalar que el único culpable es Rajoy; cuando todos sabemos, que el recorte se le impone a las CCAA en euros, y que es cada comunidad la que decide en que recortar.
La Junta de Andalucía no deja de sorprendernos. Hemos conocido los andaluces, que mientras realiza drásticos recortes en Educación, no se le ha ocurrido otra cosa al gobierno socialista de Andalucía que contratar a diez euros la hora a unos supuestos “auxiliares técnicos administrativos” a través de empresas externas, a las que pagará más de cuatro millones de euros por dotar a los colegios de este personal, según concursos que ha ido haciendo públicos el BOJA en las últimas semanas de agosto.
Parece ser que, este sistema está funcionando desde hace cerca de cuatro años, y es, según la Junta, para ayudar en las tareas administrativas. El problema es que los profesores y trabajadores de los centros pensaban que eran unos simples administrativos que dependían, al igual que ellos, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y no es así, son trabajadores mercenarios externos que se dedican al control de asistencia a clase de los alumnos, dar partes de incidencias y, sobre todo, a informar del absentismo laboral de los profesores, es decir, una red paralela de delatores que reportan directamente a su empresa, y esta a su vez, a la Consejería.
Queda claro que la Junta de Andalucía no se fía de los directores de sus centros, ya que estos, si por ejemplo, denunciasen la abstención de sus compañeros profesores, está claro que no contarían con el apoyo del profesorado para su reelección como director.
La Junta en vez de cambiar lo que no funciona, prefiere tirar cuatro millones de euros en montar una Gestapo mercenaria y externa, increíble.
Además hay otro problema, estos presuntos administrativos tienen acceso a los expedientes de los alumnos, a sus datos personales y académicos, existen serias dudas de que no se esté vulnerando la Ley de Protección de Datos.
El APIA, el sindicato de profesores de instituto ha puesto el grito en el cielo ante estos hechos, y ha comunicado “que en las actuales circunstancias, resulta especialmente escandaloso que se dé dinero público a empresas privadas para realizar trabajos que deben efectuar los funcionarios. La medida tiende sin duda, a incrementar la administración paralela basada en personas próximas al partido en el poder que, como ya se ha puesto de manifiesto, se pliegan a los caprichos de los políticos que les han puesto graciosamente en sus puestos, al margen de la legalidad vigente”.
Creo que en este comunicado del sindicato de profesores queda meridianamente claro que es lo que pretende el PSOE e IU en Andalucía en tiempos de crisis, más enchufismo y más desvergüenza.
Y luego nos preguntamos porque no acaban con el pozo sin fondo de las empresas públicas en vez de tocar nuestros servicios públicos básicos. Sabemos que nunca lo harán, todavía siguen inventándose sistemas para enchufar a más gente. Tienen un morro que se lo pisan.