El nombramiento de los miembros del nuevo CGPJ se ha desarrollado a través de opacas conversaciones bilaterales entre el PSOE y el PP. Han llegado a un acuerdo “en una habitación oscura para repartirse las sillas judiciales», y a eso yo le llamo «corrupción política».
Todo parece indicar que ambos partidos nos están mintiendo, pues el acuerdo se selló antes de las elecciones catalanas, pero no se ha anunciado por intereses electorales de ambos partidos.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial alertó en diciembre de 2020 de que el procedimiento iniciado en 2018 podría ser considerado inconstitucional, ya que el actual proceso podría ser considerado nulo por vulnerar los derechos fundamentales de los jueces salidos de las dos últimas promociones, las de 2019 y 2020. Entienden que los trámites quedaron suspendieron una vez las Cortes fueron disueltas en 2019 y, por tanto, deberían reiniciarse desde el principio todo el proceso ya que, incluso los datos de los candidatos, como afiliación, o categoría, han quedado desfasados.
Pablo Casado y los suyos, mucho hablar de devolverle la independencia al Poder Judicial, y a la mínima, pactan en secreto con el PSOE. Es de suponer que los populares serán engañados de nuevo por el infame Sánchez. ¡Sr. Casado! Dar más independencia al Poder Judicial, es regresar a la norma de 1980 para que 12 de los vocales fueran nombrados directamente por los jueces, sin requerir del aval del Congreso y del Senado, a diferencia de lo que ocurre ahora. Los 8 restantes serían designados por las Cortes.
La legislación actual establece un sistema de reparto que en la práctica otorga todo el poder de decisión a los partidos políticos que, a través de sus diferentes cuotas de poder y de representación parlamentaria, se reparten la designación de todos los integrantes del CGPJ, que requiere de una mayoría cualificada de las Cortes, es decir de tres quintos, para su renovación.
En el acuerdo entre el PSOE y el PP, la composición del CGPJ no reflejaría la actual representación parlamentaria.