Nuestra Constitución consagra el derecho a la propiedad privada. Ese derecho está siendo vulnerado a diario por las llamadas okupaciones de viviendas, en las que los que cometen el delito, porque es un delito, son protegidos por la izquierda radical que nos gobierna.
A la okupación, hay que sumarle ahora la expropiación de viviendas. Me da igual que el propietario sea una persona, una entidad bancaria o un fondo de inversión. Lo que acaba de perpetrar el gobierno balear expropiando 56 viviendas elegidas a dedo, al más puro estilo chavista, es un atropello.
Esos que desde la Transición han sido incapaces de construir las siempre demandadas viviendas sociales, recuerdo porque viene a colación que durante la Dictadura se construyeron casi cinco millones de ellas, ahora lo visten como un pionero avance social. Expropiar es robar, y hacerlo haciendo creer que es para darle una vivienda a personas desfavorecidas, es justificar el delito, el fin no justifica los medios. Y lo de la compensación ridícula a los propietarios resulta insultante.
No se puede estigmatizar a las personas que han dedicado sus ahorros a comprar viviendas y en su libertad optan por no sacarlas al mercado del alquiler. Ya está bien de leyes ideológicas y dogmáticas que penalizan a quien tenga más propiedades. Todo en sí es un intervencionismo salvaje y una vulneración de derechos, el comunismo ha desembarcado, acabemos con él antes de que eche raíces.
Con lo que empieza a ocurrir, alguien cree que los inversores extranjeros lo van a seguir haciendo aquí. El que invierte en un país, solo lo hace si hay seguridad jurídica y aquí ya empieza a no haberla.