Supongo que el presidente Moreno Bonilla no mencionará este asunto en la campaña electoral que se avecina. Me refiero al compromiso que ha adquirido su gobierno de destinar 38 millones de euros para crear 440 nuevas plazas destinadas a MENAS durante los próximos dos años. Es lamentable que el actual presidente andaluz presuma de tener un gran corazón pero que esa generosidad parezca dirigirse más a quienes llegan de fuera que a tantos andaluces que atraviesan verdaderas dificultades y para quienes ese dinero podría representar una gran ayuda.
La propia Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha dado a conocer esta información. Según el contrato inicial, el proyecto se mantendrá durante dos años, aunque existe la opción de ampliarlo otros dos más, lo que elevaría el gasto total a más de 70 millones de euros.
Todo esto resulta difícil de aceptar para muchas familias andaluzas que apenas llegan a final de mes. En la licitación, el coste medio por plaza ronda los 3.500 euros mensuales por menor, lo que equivale a unos 115 euros al día. Sin embargo, el gasto real del sistema de acogida en Andalucía es aún mayor: entre 4.400 y 4.500 euros al mes por persona, es decir, unos 150 euros diarios. Estas cifras incluyen la manutención completa, los sueldos del personal educativo y asistencial, el alojamiento, la atención sanitaria, la formación, la ropa, la documentación y las actividades de ocio. Si hacemos cuentas, el sistema autonómico acaba invirtiendo más de 50.000 euros al año por cada menor acogido.
Mientras tanto, miles de familias andaluzas siguen esperando una vivienda protegida, los servicios sanitarios y de dependencia arrastran largas listas de espera, y los recursos para la protección de la infancia local se ven cada vez más ajustados por culpa de otras prioridades.
El colectivo para el que se amplía este programa está compuesto principalmente por jóvenes varones de entre 16 y 17 años, procedentes de Marruecos y Argelia. El modelo elegido se apoya en acuerdos con entidades privadas y en el alquiler de edificios, lo que incrementa notablemente el gasto. En la práctica, la posición de Moreno Bonilla respecto a este asunto coincide totalmente con la de los partidos de izquierda.
A todo esto se suma, que ahora el presidente andaluz pretende que el debate electoral televisado se limite solo a él y a la candidata socialista, dejando fuera a VOX. Precisamente este partido mantiene una posición radicalmente distinta sobre el tema de los MENAS, defendiendo un planteamiento que se distancia de las posturas del llamado “viejo bipartidismo” del PPSOE.
El sentido común indica que debería priorizarse la repatriación o el regreso con sus familias en los países de origen. Además, es necesario realizar pruebas de edad, ya que muchos de los que se presentan como menores no lo son realmente. En consecuencia, este asunto no debería abordarse como una cuestión de acogida social, sino como un problema de inmigración irregular y de seguridad ciudadana.
Por más que el PP y el PSOE intenten disimularlo, la presencia de MENAS ha provocado un aumento de la delincuencia y ha generado inseguridad en muchos barrios andaluces.
Las leyes sobre extranjería y la protección del menor deberían aplicarse de forma que se facilite su retorno familiar. Y si esto no fuera posible porque algunos carecen de familia, deberían ser atendidos por su propio país, especialmente por un rey que posee una de las mayores fortunas del mundo y que podría sufragar sin dificultad los gastos que ahora asume Andalucía.
El verdadero “interés superior del menor” pasa por volver con los suyos y crecer en su entorno natural, no por permanecer aquí sin ocupación, a costa del dinero público y en muchos casos participando en conductas delictivas.
Me cuesta trabajo creer que Moreno vaya a dedicar este dinero a personas que podían estar en su país