El caso de Maricarmen, esa mujer de edad avanzada que ha sido desahuciada justamente tras un largo litigio derivado de un contrato de renta antigua, ha vuelto a poner en primera línea de nuestra actualidad este tipo de situaciones, donde confluyen la vulnerabilidad de personas mayores y los derechos de los propietarios.
Personalmente, no tengo ninguna duda al respecto, pues defiendo de manera estricta la defensa de la propiedad privada, el rechazo frontal al marco legal impulsado por los partidos de izquierda, y la exigencia de que el Estado asuma la protección social sin transferir esa carga a los ciudadanos particulares.
La propiedad privada es un derecho inalienable, imprescindible para el desarrollo económico y la libertad individual. Por ello, los desalojos derivados del término de un contrato, el impago o la extinción de derechos de uso en absoluto los interpreto como actos de crueldad individual del arrendador, sino como la aplicación legítima del Estado de derecho.
Ningún ciudadano particular o pequeño tenedor tiene la obligación debe ejercer de asistente social. Resulta inaceptable que una persona deba ceder su patrimonio o asumir rentas desactualizadas para suplir las carencias del sistema asistencial del Estado.
Es de cajón, que la paralización sistemática de los desahucios o la imposición de moratorias judiciales genera desconfianza, retira inmuebles del mercado de alquiler y, en última instancia, encarece el acceso a la vivienda para los sectores más humildes.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, que está en vigor desde 2023 y los decretos antidesahucios promovidos por el Gobierno de Sánchez y apoyados por toda la jauría antiespañola que lo apoyan, solo demuestran inoperancia y victimismo político, al limitarse únicamente a poner parches procesales que alargan la angustia de los afectados sin ofrecerles un techo permanente ni compensar a los propietarios.
Por otra parte, la legislación actual difumina la frontera entre el inquilino vulnerable y el fenómeno de la okupación ilegal, también denominada “inquiokupación”, debilitando las herramientas judiciales de restitución del inmueble.
Es indudable, que el hecho de perder un hogar, especialmente en personas de la tercera edad o familias con arraigo, debe ser resuelto íntegramente por los poderes públicos, a través de medidas estructurales y no coercitivas contra el sector privado.
Pero el caso Maricarmen está siendo utilizado por la extrema izquierda, por los comunistas, a través del llamado Sindicato de Inquilinas, para exigir la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos, medidas estructurales para frenar los desahucios y la congelación de las actualizaciones del IPC en los precios del alquiler. Asimismo, la propuesta incluye una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que regule los alquileres de temporada y por habitaciones, así como prórrogas efectivas de los contratos en vigor. Una auténtica barbaridad que pretende que los propietarios paguen de sus bolsillos esa protección social que tiene la obligación de asumir el Estado.
Desde mi punto de vista, el problema de la escasez de viviendas más o menos asequibles, ya sean en venta o alquiler, es más sencillo de lo que parece de solucionar. Si a los propietarios se les diera garantías de que quien no pagase sería de inmediato expulsado del inmueble y de que cualquier okupación se solucionaría en 48 horas y que, en ambos casos, los desperfectos causados en la vivienda serían pagados con dinero o con cárcel, de inmediato, entrarían en el mercado cientos de miles de viviendas, al ver los propietarios esa seguridad de la que ahora carecen, y esa más oferta significaría, bajada de precios.
Indudablemente, estas medidas deberían estar acompañadas por la inmediata construcción de cientos de miles de viviendas sociales, tanto en venta como en alquiler.
Quisiera recordar que, durante las cuatro décadas que duró el régimen anterior se construyeron seis millones de viviendas asequibles para las familias trabajadoras y que, por el contrario, en el casi medio siglo del régimen actual nacido de la Transición, solo 400.000, cantidad claramente que no cubre ni por asomo las necesidades de los españoles. Si en el régimen anterior no se pagaban casi impuestos y ahora el saqueo fiscal está consolidado ¿Cómo se explica esto? Pues simplemente, porque nos han gobernado y nos gobiernan demasiados corruptos, demasiados ladrones, que entre lo que se llevan ellos, sus legiones de enchufados y los fondos que emplean en crear y mantener sus chiringuitos ideológicos, todo ello cometido bajo el paraguas del maldito Estado autonómico, el caldo de cultivo ideal para el choriceo, hace que no haya dinero para lo importante, por ejemplo, para que cada familia tengo una vivienda digna.