Quim Torra, sigue ignorando
las órdenes de la Junta Electoral Central, y los símbolos, independentistas y
partidistas, continúan en las fachadas de los edificios públicos catalanes. A
las 15 horas de hoy finaliza el último plazo que le han dado.
Si continúa con su
desobediencia, la JEC enviará el caso a la Fiscalía para que esta se pronuncie
al apreciar indicios de un claro delito de desobediencia. El delito de desobediencia
se regula en el Art. 410 del Código Penal y puede derivar en la inhabilitación
entre seis meses y dos años para el desempeño de un cargo público. Si la
Fiscalía apreciase la comisión de ese delito por parte de Torra, se abriría
causa penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La JEC se ha dirigido al
consejero catalán de Interior, para instarle a retirar todos los símbolos
independentistas de los edificios públicos, si no lo hace, los Mossos deberían
actuar de inmediato, y ahí surge la duda ¿lo harán?
Torra ya ha manifestado que
llegará hasta las últimas consecuencias en la defensa de lo que él entiende
como “libertad de expresión”. Y mientras todo eso sucede, el Gobierno de España
se mantiene al margen de una manera vergonzosa. Estrategia muy estudiada por
Pedro Sánchez, ya que siempre puede decir que es la JEC la que ha ido contra
los que él ve como sus posibles futuros socios para continuar en La Moncloa
tras el 28-A. Nunca en nuestra democracia un presidente actúo con semejante
felonía.
La única solución en Cataluña
es la aplicación de un Art. 155 con dureza, y suspender la autonomía catalana
sine die, los años o décadas necesarias para desmontar la tela de araña creada
por el cancerígeno separatismo. Y está claro, que eso, ni lo va a hacer el PSOE
ni Ciudadanos.
