Pese al requerimiento
efectuado por la Junta Electoral Central, los lazos amarillos, las esteladas
separatistas y las pancartas pidiendo la libertad de los golpistas presos,
continúan en las fachadas de los edificios oficiales y espacios públicos de
Cataluña.
La Junta Electoral, explica
su decisión hablando de la neutralidad política de los espacios públicos, la
igualdad de sufragio de los ciudadanos, las libertades ideológicas y de
expresión, o la separación entre lo oficial y lo partidista. El problema
radica, en que el separatismo catalán jamás ha cumplido ni siquiera las
sentencias judiciales de los altos tribunales del Estado que no les interesaba
cumplir, y que los gobiernos del PP o del PSOE siempre miraron hacia otro lado,
es decir, fueron sus cómplices de ellos al no impedirlo.
Las contundentes palabras del
ministro Borrell, afirmando que el Estado dispone de instrumentos para que lo
que dice la Junta Electoral se cumpla, suenan a cachondeo, y más, si sabemos
que como mucho se multará al gobierno catalán por un importe que no sobrepasará
los tres mil euros. Dinero que en todo caso se pagaría con nuestro dinero, con
el dinero de todos los españoles, con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico.
Un ministro de Sánchez, ese al que tienen cogido por los cataplines los
separatistas, jamás pasará de las palabras, pues siguen pensando que tras el
28-A les pueden hacer falta los votos de Torra, Puigdemont, y los suyos, para
mantenerse en La Moncloa.
Parece que intentan seguir
tomándonos el pelo a la ciudadanía española.
