Que conste que no soy
cazador, pero entiendo, que la caza ha de protegerse como la actividad,
necesaria y tradicional que es, del mundo rural.
Por ello, las noticias que
nos llegan de Castilla y León, deberían de preocuparnos mucho, no solo a los
aficionados de la caza, si no a la ciudadanía española en general. La
prohibición de la caza acarrearía perjuicios irreparables, tanto a los
ecosistemas como a la fauna protegida, aumentarían los daños por siniestralidad
viaria, tendría un terrible impacto económico para los titulares cinegéticos y
la hostelería, en la agricultura y la sanidad animal, y grandes perjuicios a la
Hacienda pública.
Esta pequeña batalla ganada
por PACMA con la extraña complicidad del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, debe ponernos en alerta, pues la industria de la caza da mucho
empleo, decenas de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, y significa, miles de millones de euros de nuestro PIB.
Los partidos más sensatos del
legislativo de Castilla y León deben aprobar lo necesario para que, de entrada,
se salve la temporada de caza 2018-2019. Y repito, todos los cazadores y
quienes defendemos la caza, debemos estar muy atentos a los movimientos de los
animalistas irracionales del PACMA.
Resulta absurdo, por ejemplo,
impedir cazar jabalíes y que su superpoblación acabe con todos los pollos y los
huevos de las especies de aves que nidifican en el suelo, o que la
superpoblación de conejos, cabras, corzos y ciervos, acaben con la flora
protegida. Casi todo lo que defiende PACMA es demencial.
