Vox solicitó al Parlamento de
Andalucía el listado con nombres y apellidos de los empleados de la Junta que
evalúan la violencia de género. La Mesa del Parlamento andaluz, órgano de
dirección de la Cámara, no admitió a trámite la solicitud realizada por Francisco
Serrano, y cuyo objetivo era depurar a quienes sin la titulación adecuada
realizan informes ideológicos. Y me refiero a esos que se alimentan del gran
pesebre de la “Violencia de Género” y que componen esa auténtica legión de
parásitos, feministas e izquierdistas.
Suena ridículo que se rechace
aduciendo que la iniciativa chocaba de lleno con la Ley de Protección de Datos.
Sorprende, que el Partido Popular y Ciudadanos rechacen algo que se está
convirtiendo en un clamor popular, algo con lo que están de acuerdo la mayoría
de sus votantes. Si los de Casado y Rivera pretenden a estas alturas seguir con
esa antigualla de lo “políticamente correcto”, lo tienen muy crudo, y la
pérdida de votantes la tienen asegurada.
Hablamos de empleados
públicos (en su mayoría funcionarios) que elaboran los informes sociales y
psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego les sirven en
los juzgados si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son
tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres
agredidas por sus parejas.
Esos informes sólo pueden
elaborarlos psicólogos colegiados, y no como ahora, agentes políticos de la
izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria del género. Informes,
que afectan hasta a la custodia de menores.
Si ese trabajo lo hicieran
profesionales colegiados e independientes, muchos de los informes servirían
para detectar innumerables denuncias falsas, se podría informar a la víctima en
esos casos “al hombre”, y por supuesto, a la Fiscalía, y de esa manera, se
pararía esa práctica tan habitual y rentable, al saber que todo el peso de la
ley caería sobre quien pretende arruinar la vida de su ex pareja con tal de
conseguir beneficios de cualquier índole.
