A raíz de que el Gobierno ha
legalizado, ahora dice, que por error, un sindicato denominado Organización de
Trabajadoras Sexuales, cuyo promotor promueve talleres de pago para que mujeres
se inicien en la prostitución, de nuevo, como cada cierto tiempo, los medios
vuelven a hablar de la prostitución y de cómo se puede abordar.
Hasta Pedro Sánchez ha tenido
que pronunciarse afirmando que su Gobierno impugnará la legalización de esa
organización. Sánchez ha dicho “que su gobierno es feminista y partidario de la
abolición de la prostitución”, desconozco el significado que le da a la palabra
“abolición” al referirse a una actividad actualmente ilegal, y con la que nadie,
a lo largo de la historia, ha podido acabar.
Curiosamente, frente a este discurso oficial del PSOE, cada vez que estalla un nuevo caso de corrupción en la socialista Junta de Andalucía, los altos cargos implicados casi siempre se pegan sus juergas con dinero público en puticlubs, catalogados por sus hechos y no por sus palabras.
La prostitución se define
como el acto de participar en actividades sexuales a cambio de dinero o bienes.
Siempre se ha dicho de ella que es el oficio más antiguo del mundo.
La prostitución, es un
negocio que genera más de cinco millones de euros diarios en España, 1900
millones anuales, y que, por culpa de su falta de regulación, se le ha
entregado en bandeja a las mafias de trata de blancas, a las redes de
proxenetismo, a esos que dan palizas, violan y amenazan a mujeres, indefensas
ante las organizaciones criminales que las explotan.
Para los partidos políticos
siempre ha sido un tema incómodo, por ello, nunca lo han afrontado en
profundidad y se han limitado a hacer declaraciones políticamente correctas.
En lo primero que tenemos que
estar de acuerdo es en que si, una mujer o un hombre, ejerciendo su libertad
toma la decisión de dedicarse la prostitución, la sociedad debe o no debe
permitírselo, y lo segundo, si en nuestra sociedad la prostitución debe estar
permitida por el hecho de cubrir una innegable necesidad básica de una parte de
la ciudadanía.
Tengo muy claro, que la
prostitución debería estar, legalizada y reconocida, y que quienes la ejercen
deberían ser tratados como cualquier otro trabajador.
Quién les puede negar tener
los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, quien no puede estar de
acuerdo en que sean trabajadores que coticen a la Seguridad Social, tengan sus
necesidades sanitarias perfectamente cubiertas y que puedan disfrutar de una
jubilación digna.
Nuestros gobernantes piensan,
que la solución es multar a los clientes de las prostitutas, cuando la solución
es que se legalice la profesión, así estoy seguro de que los clientes
preferirían acudir a quienes ejercen la profesión legal y libremente, que
acudir a las esclavas de las mafias.
Posiblemente, algunos se
opondrían a la legalización de esta actividad aduciendo posicionamientos de
índole moral, unos muy respetables y otros muy hipócritas, pues algunos de los
que se oponen de forma más enérgica luego son clientes de a quienes ellos le
niegan la legalidad y la libertad.
También es sobradamente
conocido, que algunos de quienes ostentan el poder, no quieren solucionar el
problema por tener intereses económicos inconfesables en esos negocios, unos
negocios que de ser legales les darían muchos menos beneficios.
Posiblemente haya sido el
PSOE, el que en sus distintos programas electorales se haya posicionado más en
este asunto, aunque siempre desde lo políticamente correcto. Desde reintroducir
en el Código Penal la figura llamada de la «tercería locativa» (el
que alquila habitaciones), sancionar la demanda y compra de prostitución, solo
para recaudar, y penalizar todo tipo de proxenitismo, algo lógico. Lo
sorprendente, es que con estas medidas afirmaban que acabarían con lo que nadie
ha podido a lo largo de la historia, algo que no se creen ni ellos.
