El Tribunal de
Schleswig-Holstein (Alemania) ha confirmado la entrega del expresidente catalán
Puigdemont, aunque solo por el delito de malversación. Aunque cumplimenta la
Orden Europea de Detención, rechaza el delito de rebelión y, en todo caso, el
de sedición, a los que aspiraban el Tribunal Supremo español y la Fiscalía de
ambos países. De nuevo, la justicia alemana se ríe de nuestra soberanía.
La Audiencia Territorial de
Schleswig-Holstein ha decidido entregar al golpista fugado por un delito menor,
una decisión que perfectamente podría obedecer a presiones ejercidas por la
mediación del gobierno alemán a instancias de Pedro Sánchez y su Gobierno. El
delito de malversación de fondos públicos prevé penas de hasta ocho años para
el infractor. Sin embargo, existe una modalidad agravada que conlleva hasta 12
años de cárcel «si el valor del perjuicio causado o de los bienes
apropiados excediere de 250.000 euros», como es el caso.
El juez Pablo Llarena, el
Tribunal Supremo, debe retirar de inmediato la euroorden y rechazar la
extradición sólo por ese delito menor, y que el Estado español espere
pacientemente a que el forajido vuelva a pisar territorio español, para
apresarlo y hacerle pagar por los graves delitos que ha cometido. Confío en que
así lo haga, y no se deje presionar por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Por otra parte, decir, que
aceptar esa extradición por malversación nos llevaría al absurdo de juzgar al
líder rebelde por un delito menor, y a sus cómplices aquí presos, por delitos
muy graves.
