No puede ser, que cuando el Gobierno Central tiene que reaccionar con prontitud y eficacia ante cualquier crisis, siempre exista alguna CCAA que se oponga a esa respuesta, generalmente utilizando argumentos contrarios al interés nacional y rayanos en la deslealtad.
Las CCAA con gobiernos de signo distinto al nacional, usan la confrontación para desgastar al partido que dirige el gobierno de la nación, estrategia partidista que nada tiene que ver con la búsqueda del bien común.
Pero es que últimamente, a raíz de los recortes impuestos por el gobierno que preside Mariano Rajoy, hemos observado como hasta CCAA dirigidas por el PP, le plantan cara en ciertos aspectos al gobierno central. Este hecho se explica por el pánico que existe entre los barones regionales de los distintos partidos a aplicar medidas impopulares que les hagan perder el poder en las próximas elecciones.
Al final, lo que se ve con claridad, es que en el político la principal motivación es la de mantener o conseguir el poder, y no la que debería de ser, trabajar por mejorar el bienestar de los ciudadanos, trabajar por el interés general de la totalidad del Estado, y no solo, por el de los ciudadanos de su Comunidad.
El problema es que los diferentes ejecutivos autonómicos tienen la potestad legal necesaria para actuar así, y poner en problemas al Estado central cuando éste pretende buscar soluciones conjuntas para afrontar una crisis que afecta a toda la nación.
Aunque no les guste a muchos, España camina irremediablemente hacia una revisión de su organización territorial, lo mismo no voluntaria y sí forzada por los acontecimientos.
A veces se olvida, que los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas que están sometidas a la Constitución. Muchos, empezamos a estar hartos de ese cainismo que subyace en las relaciones entre las CCAA, y entre ellas y el Estado, un cainismo observado desde fuera y que debilita mucho nuestra credibilidad como nación.