Aunque las terminales mediáticas estén difundiendo que el PP acaba de recurrir la Ley Celaá de Educación ante el TC, lo cierto es que la pasada semana, Vox presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Celaá, un día después del bochornoso incidente que la ministra protagonizó en el Congreso al burlarse del diputado del PP, Juan José Matarí, cuando defendía la educación especial para su hija con síndrome de Down.
Vox ha calificado la Ley de «sectaria y excluyente» afirmando que la ley Celaá no sólo supone un ataque a la educación diferenciada y concertada, sino a los propios alumnos, ya que no destina más recursos a los centros ordinarios para poder acoger a estos menores. Vox recurre además el apartado referido a la lengua española por «excluir este idioma como lengua vehicular de la nación española», tema que no se incluye en el recurso presentado por el PP contra esta Ley, al aplicar el mismo criterio que Celaá en comunidades donde gobierna como Galicia, tema en el que los de Casado “miran hacia otra parte”, algo que les quita toda su legitimidad en este asunto. Los de Abascal también piden suprimir los puntos referidos a la religión y la ideología de género, por impedir a los padres elegir la educación moral que quieren para sus hijos.
En el escrito denuncian la inhibición del Estado en la competencia educativa, por estar transferida a las comunidades autónomas. «Se tiene que dirimir el suelo de esa competencia básica para garantizar la igualdad de todos los españoles ante la Ley.
Vox denuncia que la Ley se aprobó en pleno estado de alarma, sin debate previo, sin tener en cuenta las propuestas de la oposición y sin escuchar a los agentes sociales y educativos interesados, ni los expertos en la materia, y sin ni siquiera solicitarse el informe a los principales órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar.