Durante demasiado tiempo se ha repetido una idea interesada, que los españoles ya no quieren trabajar en el campo. Bajo ese argumento se justifica la necesidad de recurrir a mano de obra procedente de países empobrecidos, como si el problema fuera una supuesta falta de cultura del esfuerzo o un rechazo generalizado a las tareas agrícolas.
Sin embargo, los hechos desmienten ese discurso. Cada año, miles de andaluces se desplazan a Francia para participar en la vendimia. Este año han sido cerca de 10.000 personas. Si tantos trabajadores están dispuestos a abandonar temporalmente sus casas, sus familias y sus pueblos para recoger uva a cientos de kilómetros, resulta evidente que no rechazan el trabajo del campo, lo que rechazan son los salarios insuficientes, las jornadas abusivas, la temporalidad permanente, la ausencia de derechos y, demasiadas veces, unas condiciones de alojamiento indignas.
No se puede hablar de empleo sin hablar de vida. Un trabajador no es una cifra en una cuenta de resultados ni un gasto que haya que rebajar al máximo. Es una persona con familia, con necesidades, con responsabilidades y con derecho a construir un futuro. Su sueldo debe permitirle pagar una vivienda, alimentar y criar a sus hijos y afrontar el mañana con un mínimo de estabilidad y seguridad.
Ese debería ser el sentido elemental de un salario justo que permita vivir con dignidad del trabajo realizado. Pero buena parte del modelo económico dominante parece partir de la idea contraria, que el empleo es solo “un coste a reducir”, que los márgenes empresariales deben mantenerse, aunque sea a costa de rebajar derechos, y que, si una persona no acepta determinadas condiciones, siempre habrá otra, más vulnerable y necesitada, dispuesta a hacerlo.
La precarización creciente tiene, además, consecuencias que van mucho más allá de la percepción de un salario, pues impide que los jóvenes se emancipen, retrasa o dificulta la formación de familias, reduce la natalidad y acelera la despoblación de nuestros pueblos. Quien nace en una comarca agrícola debería tener la posibilidad real de quedarse en ella si lo desea, sin verse obligado a emigrar para sostener una vida digna.
Hace años se hablaba con naturalidad de “justicia social”. Hoy parece una expresión pasada de moda, pero sigue describiendo una necesidad básica. Si una explotación solo puede mantenerse pagando salarios con los que una persona no puede vivir, quizá el problema no esté en el trabajador ni en sus legítimas aspiraciones. Quizá el problema sea un modelo productivo que concentra los beneficios arriba y reparte la inseguridad entre quienes producen la riqueza con sus manos.
El campo necesita agricultores y ganaderos que puedan vivir de su trabajo, cooperativas fuertes, pequeños y medianos propietarios arraigados a la tierra y trabajadores justamente remunerados. Necesita que la riqueza generada en las comarcas agrícolas permanezca en ellas, que contribuya a sostener comercios, escuelas, servicios públicos y vida comunitaria. También necesita frenar la concentración progresiva de la tierra y de la producción en manos de grandes fondos y capitales que no conocen ni comparten la realidad de los pueblos.
Trabajar en el campo debe ser una opción de vida digna, no una forma de supervivencia ni una expresión de esclavitud moderna. No podemos aceptar como inevitable que quien recoge nuestros alimentos no pueda pagar un alquiler, criar a sus hijos o tener un horizonte estable.
Puede que reclamar trabajo digno, tierra y familia parezca hoy una postura fuera de época. Sin embargo, fueron siempre los pilares de una política agraria justa y de una sociedad equilibrada. La economía no puede estar por encima de las personas, debe estar a su servicio. Y un campo fuerte solo será posible cuando quienes lo trabajan puedan vivir de él con dignidad.
Creo que es preferible parecer antiguo y remover la conciencia de algunos que aceptar la triste realidad que nos imponen las grandes e insensibles corporaciones.