Occidente ya no es una comunidad de naciones unidas por una civilización, unos valores compartidos y una defensa común de sus intereses. Es, sobre todo, un bloque geopolítico dirigido por Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Europa ha aceptado durante décadas un papel subordinado, protegida militarmente por Washington e incapaz de actuar con auténtica autonomía.
La OTAN fue presentada como una garantía de seguridad, pero también consolidó una dependencia estructural. Estados Unidos se convirtió en el garante de la defensa europea y Europa aceptó ser un actor secundario, sin capacidad real para fijar una estrategia propia cuando esta choca con los intereses norteamericanos.
España no ha sido una excepción. La entrada en la OTAN y, posteriormente, en la CEE, hoy Unión Europea, supuso una cesión progresiva de soberanía y margen de decisión. España puede defender sus intereses solo hasta el punto en que no contradigan las prioridades de sus aliados. Cuando esas prioridades cambian, España queda relegada, obligada a obedecer y a asumir decisiones tomadas lejos de Madrid.
El ejemplo más preocupante está al otro lado del Estrecho. Los Acuerdos de Abraham de 2020 reforzaron la relación de Marruecos con Estados Unidos e Israel. Rabat obtuvo respaldo diplomático, cooperación tecnológica, capacidad militar y, sobre todo, un reconocimiento estadounidense de su pretensión de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Marruecos ha entendido perfectamente cómo funciona el poder, ha tejido alianzas, ha definido objetivos nacionales y ha trabajado para imponerlos. España, en cambio, observa y reacciona tarde.
Marruecos mantiene sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, instrumentaliza la presión migratoria y utiliza cada crisis fronteriza como una herramienta de negociación y chantaje político. Las entradas masivas de inmigrantes en Ceuta no son episodios fortuitos ni meros fallos de control, son demostraciones de fuerza deliberadas. Rabat prueba hasta dónde puede tensar la cuerda y qué precio está dispuesto a pagar España por evitar el conflicto.
La respuesta española ha sido débil, vacilante y, en demasiadas ocasiones, humillante. Con un Gobierno incapaz de sostener una política exterior firme, España afronta una amenaza creciente desde una posición de dependencia y desorientación. Mientras Marruecos planifica a largo plazo, España improvisa. Mientras Rabat defiende sus intereses con determinación, Madrid espera gestos de solidaridad que casi nunca se traducen en hechos.
La Unión Europea pronuncia declaraciones de apoyo, pero evita actuar con la contundencia que exigiría una agresión contra la integridad territorial española. Estados Unidos, por su parte, ha dejado claro dónde están sus prioridades, Marruecos e Israel son piezas estratégicas de mayor valor para ellos.
Pero el problema no empieza ni termina fuera de nuestras fronteras. España ha debilitado su conciencia nacional, su voluntad de defensa y su capacidad de definir intereses propios. Se ha degradado el patriotismo hasta convertirlo en una bandera de estadio. Las élites políticas han sustituido la estrategia de Estado por el cálculo partidista, la comodidad institucional y la supervivencia electoral. Una nación que no se respeta no puede exigir respeto. Un país que no protege sus fronteras, no refuerza su defensa y no fija límites claros a sus socios acaba convertido en un territorio administrado por decisiones ajenas.
España necesita recuperar autoridad, autonomía y dignidad. No para aislarse ni para romper alianzas, sino para dejar de obedecer automáticamente. Debe defender Ceuta, Melilla, Canarias y sus fronteras con claridad; reforzar sus capacidades militares; exigir reciprocidad a sus aliados y abandonar la sumisión como forma habitual de política exterior.
Si España no recupera una visión nacional propia, seguirá siendo un actor irrelevante de la cada vez más irrelevante Europa, con la cabeza baja, dependiente y dispuesto a acatar. Antes que cualquier otra cosa, España debe recuperar algo esencial y que perdió hace mucho, el respeto por sí misma.