Creíamos que Alemania era una democracia consolidada, pero viendo lo que está sucediendo ante el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD) se empieza a vislumbrar que todo era un espejismo. Cuando en una supuesta democracia se empieza a plantear la posibilidad de ilegalizar al adversario, solo puede significar una cosa, que los supuestos demócratas son en realidad fascistas.
Si un partido que piensa completamente distinto a los demás entra legalmente en el sistema con la intención de que, si la ciudadanía le da su apoyo, cambiarlo, utilizando los instrumentos legales que toda Constitución establece, su comportamiento se puede considerar irreprochable, y todos los que pretendan impedir que ejerza ese derecho demuestran ser unos “fascistas de libro”.
Y digo esto porque más de mil juristas alemanes han “movido ficha” para exigir al Gobierno federal y al Parlamento que activen el mecanismo de ilegalización contra Alternativa para Alemania (AfD), el partido soberanista que lidera varias encuestas y se ha consolidado como la principal oposición al consenso progresista dominante en el país.
El argumento se apoya en el artículo 21 de la Ley Fundamental alemana, que permite declarar inconstitucional a cualquier partido que amenace el orden democrático liberal. Con ese respaldo legal, la ofensiva busca traducirse en una decisión política. La RAV sostiene que la defensa de la dignidad humana obliga a enfrentarse a partidos que, según su criterio, chocan con los principios básicos de la Constitución. Para reforzar su postura, cita un informe de la Sociedad para los Derechos Civiles de Berlín que examina si AfD cumple los requisitos para ser ilegalizada.
Sin embargo, la asociación carece de capacidad para iniciar el proceso por sí misma. La legislación alemana reserva esa facultad al Bundestag, al Bundesrat o al Gobierno federal. Por eso, la maniobra no es neutral: busca forzar a las instituciones a dar el paso y convertir la presión jurídica en acción política.
Los impulsores de la iniciativa defienden que un proceso constitucional serviría para determinar si AfD vulnera el orden vigente. Pero sus detractores ven algo muy distinto, un intento de expulsar del juego democrático a un partido respaldado por millones de votantes utilizando los tribunales en lugar de las urnas. AfD ha crecido precisamente por enfrentarse a pilares del consenso dominante: la inmigración masiva, la erosión de la soberanía nacional, la agenda climática más radical y la línea política de los grandes partidos tradicionales. Su ascenso ha sacudido el sistema político alemán y ha obligado a CDU, SPD, Verdes y liberales a encarar una realidad incómoda: cada vez más ciudadanos rechazan el rumbo impuesto durante décadas. Ante ese avance, ciertos sectores de la izquierda política y jurídica recurren a una fórmula conocida: no vencer al adversario en las urnas, sino intentar apartarlo por decreto.
La petición llega en un contexto de máxima tensión política, con nuevas citas electorales en el horizonte y AfD consolidando su crecimiento. Sus críticos la presentan como una amenaza constitucional. Sus defensores responden con una acusación igual de grave. la verdadera amenaza no es el partido, sino la pretensión de élites políticas, jurídicas y mediáticas de decidir qué opciones son aceptables y cuáles deben desaparecer. El fondo del problema va más allá de AfD. Lo que está en juego es hasta qué punto un sistema democrático está dispuesto a tolerar la disidencia antes de recurrir a mecanismos excepcionales para silenciarla.
Esas élites políticas, jurídicas y mediáticas son precisamente las que controlan la Unión Europea y la están llevando a la ruina en lo económico y a la irrelevancia en lo internacional. Son las que están trabajando día a día para la derrota de nuestra civilización, trabajando día a día para que triunfe la invasión que se está produciendo por parte de individuos procedentes de culturas hostiles e incompatibles con la nuestra.