Las agresiones a miembros de la Policía, Guardia Civil, y Funcionarios de Prisiones, con el Gobierno de Sánchez y su banda, apoyados por la escoria parlamentaria antiespañola, volvieron en 2021 al nivel que dejó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, y para más inri, con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, pretenden desproteger, casi por completo, a quienes nos defienden de delincuentes y criminales, tanto fuera como dentro de nuestras cárceles.
Incluso este Gobierno pretende poner en marcha un chiringuito nuevo denominado Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ONGADH), cuya misión es la de perseguir y criminalizar a los agentes a partir de denuncias de “malos tratos”. Sánchez quiere crear esta oficina para “contentar a colectivos muy determinados” que le apoyan, priorizando “en todo momento a los delincuentes, infractores y aquellos que usan el odio contra la autoridad”.
A la par, también existe un alarmante aumento de las agresiones a funcionarios de prisiones en todo el territorio nacional, cualquiera de ellos corre el riesgo de volver a su casa con una lesión física y, lo que es peor, con secuelas psíquicas mucho más difíciles de sanar. El problema es que no se actúa con contundencia contra esos cobardes agresores que parecen tener la lección muy, pero que muy aprendida. Saben que agredir a un funcionario de prisiones les puede salir hasta gratis.