Con la decisión de la Generalidad de Cataluña, de excarcelar únicamente atendiendo a criterios políticos, a los presos golpistas condenados por sedición para que participen en la campaña electoral, el Gobierno catalán comete un claro delito de prevaricación.
A fecha de hoy, parece clara la complicidad de la Fiscalía, pues en la decisión de gobierno catalán no se cumplen ni de lejos los requisitos necesarios y esenciales para ponerlos en libertad, de hecho, acaban de declarar “que volverían a hacerlo”. La consejería de Justicia catalana ha forzado al máximo los tiempos para que, si la Fiscalía espera recibir la notificación de la excarcelación para actuar, ya no tenga tiempo de impedir que los golpistas participen en toda la campaña electoral. Si la Fiscal General no espera, y actúa de oficio, nos demostrará que no es cómplice de los socios de Sánchez. Si esto no ocurre así, no solo se burlará de la ley el gobierno catalán, también lo hará la Fiscalía.
Y es que es una constante que dura décadas, el separatismo provoca al Estado, y la Fiscalía rezuma una permisividad altamente nociva para nuestra democracia, y que demuestra un continuo ninguneo de nuestra Justicia.
Vivimos un nuevo episodio que, si demuestra algo, es que nuestra democracia empieza a ser un sistema político fallido. Un sistema que necesariamente tendría que pasar para salvarse, por una segunda Transición a otra democracia, en la que no tendría sitio ningún partido cuyos fines no pasen por los de fortalecer a España como nación y mejorar la vida de toda la ciudadanía española.