Juanma Moreno ha llegado a la presidencia de la Junta de Andalucía tras cuatro décadas de socialismo corrupto, y en vez de prescindir de todos los que han hecho posible esa corrupción y desmontar todas esas estructuras, parece como que se haya erigido en el custodio de una administración a la espera de que vuelvan los de antes y que, con muy poco esfuerzo, pongan de nuevo en funcionamiento su cuasi criminal administración.

Y digo esto, porque acabamos de enterarnos de que el gobierno, el supuesto gobierno del cambio, mantiene al frente de la Subdirección General de Fondos Europeos a Antonio Valverde Ramos, un antiguo alto cargo investigado en tres causas de corrupción relacionadas con la irregular gestión de dinero público durante la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía.

Este socialista está procesado en una de las piezas de la mayor causa de corrupción investigada en Andalucía, la de los ERE fraudulentos. También los jueces investigan su gestión en el caso Isofotón, fotovoltaica que echó el cierre en 2013 tras recibir de forma irregular más de 80 millones de euros, y en el préstamo a fondo perdido de 36 millones de euros concedido a la fábrica de Santana Motor en Linares.

Pese a este currículum, el gobierno de PP y Cs, deben confiar mucho en este elemento cuando le permiten seguir en un puesto tan estratégico de su Administración y por el que pasarán esos 4.380 millones que aspira a recibir la Junta procedente de esos fondos europeos del Fondo de Recuperación para reconstruir la economía devastada por la pandemia del Covid-19.

Juanma Moreno no ha mandado a su casa a casi ningún miembro de las legiones con las que el PSOE tenía colonizada la Junta, algo incomprensible.

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