La meta de cualquier ciudadano debería ser la de vivir en una sociedad lo mas justa posible. Para que esa aspiración ciudadana se pueda ir consiguiendo es necesario que algunas personas consigan abrir debates con el fin de que la sociedad en su conjunto tenga la oportunidad de reflexionar sobre determinados asuntos, y más si constituyen injusticias flagrantes.
Uno de esos asuntos injustos, y del que no se habla, es el de la imposición de sanciones de cuantía fija sin tener en cuenta el nivel de renta del infractor. Una multa de tráfico, de por ejemplo 300 euros, impuesta a un ciudadano que disfrute de un nivel de renta alto no le supone casi nada, sin embargo, esa misma sanción impuesta a un padre de familia que percibe el salario mínimo supone una auténtica tragedia.
La misión de la sanción es la de recordarnos que las normas están para cumplirlas, si estas no están calibradas, a unos es posible que hasta les saldría barato incumplirlas y para otros tendría consecuencias demoledoras.
Me he referido a las multas de tráfico por ser estas las sanciones más usuales, pero lo que digo es trasladable a cualquier sanción administrativa.
Para que se respete el principio de igualdad, las sanciones deben de ser justas, debiendo tener el mismo impacto económico en todos los infractores y la única manera de que esto suceda sería adecuarlas al nivel de renta del infractor. En algunos países del norte de Europa como las repúblicas bálticas están tratando de imponer este sistema al darse cuenta de lo injusto que era el sistema implantado en casi la totalidad del territorio europeo.