Apenas tres meses después de que el partido de Pablo Casado pactase con el PSOE renovar el tribunal, el Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad abrir un expediente sancionador al PP por financiación ilegal, y lo hace con una inusitada celeridad en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
La nueva presidenta de la institución, propuesta por el PSOE, la sectaria Enriqueta Chicano, decidió proponer en el último pleno «una propuesta de acuerdo de apertura de período de información previa a la formación política Partido Popular por irregularidad consistente en la posible aceptación de donaciones o aportaciones contraviniendo lo dispuesto en el artículo 5 de la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos». La presunta irregularidad es el ingreso de un total de 3.738 euros en las cuentas del Partido Popular, procedentes de personas jurídicas o de personas no identificadas durante el ejercicio 2017. Recuerdo que los responsables de saqueo de los mil millones del PSOE en Andalucía, siguen libres.
Lo curioso es, que esta decisión ha sido aprobada por unanimidad, incluso por los cinco consejeros propuestos por el propio PP, algo que al contrario jamás hubiese pasado. La presidenta Chicano votó y no se abstuvo como era obligado, pues en la normativa de este tribunal dice “cuando una persona designada para participar en una fiscalización o, en su caso, en el curso de la misma, apreciase la concurrencia de cualquier circunstancia que pudiese afectar a su independencia, imparcialidad u objetividad, lo podrá en conocimiento de la superiora o superior jerárquico, quién decidirá sobre su permanencia o sustitución en el equipo fiscalizador», un gesto más que ratifica que este personaje que pidió iniciar una cruzada contra el PP y Vox por las leyes de género, jamás debió contar con la aprobación de los de Casado para ocupar la presidencia de ese tribunal.