El informe que le ha enviado
el Ministerio del Interior al juez, sobre la actuación de los Mossos durante el
referéndum ilegal del 1-O, sería suficiente en cualquier democracia seria,
primero, para disolver esa policía autonómica, y segundo, para llevar ante los
tribunales al presidente del Gobierno de España y a sus ministros, por negarse
a disolverlos.
Los Mossos fueron, chivatos,
falsearon cifras, incluso participaron algunos de ellos de paisano en actos
violentos contra la Guardia Civil. Mintieron los días previos, pues está
demostrado que manipularon los datos de sus actuaciones durante los días previos
para fingir una contundencia inexistente frente al referéndum.
Existen pruebas de que en el
1-O, al menos en 40 casos,efectivos
de los Mossos tuvieron una actitud pasiva, y en 3 intervenciones ocurrieron
incidentes directos con agentes de los Mossos que entorpecieron o dificultaron
las actuaciones policiales. Según el documento, en varios colegios,los Mossos incluso
profirieron insultos contra los agentes de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional.
Ha quedado demostrado, que
los Mossos trasladaron urnas en coches camuflados para favorecer la consulta
ilegal, y que solo decomisaban urnas tras la votación cuando el recuento ya se
había realizado. El papel de los Mossos pasó de la inacción a la colaboración
evidente con la consulta ilegal.
Incluso los Mossos utilizaron
sus coches camuflados para prevenir de la llegada de los agentes de la Policía
o Guardia Civil. El informe de Interior asegura que los policías autonómicos
que realizaron estas tareas fueron después vitoreados por los organizadores. La
Guardia Civil en esos puntos reflejan en sus informes que tuvieron que
enfrentarse a actitudes hostiles y violentas de la policía autonómica.
El informe de Interior describe
la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal como «cuando
menos» inoperativa e ineficaz, ya que estuvo orientado a «mantener la
seguridad ciudadana al modo de unas elecciones legalmente convocadas». Por
ello, el documento de la Secretaría de Estado de Seguridad destaca que
«las concretas instrucciones dictadas desde la prefectura de los Mosos
hicieron que cumplir el mandato judicial fuera tarea inasumible».
Tras leer este informe
elaborado por el propio Ministerio del Interior, lo primero que nos preguntamos
es, como es posible que Mariano Rajoy y su Gobierno no hayan tomado la decisión
de disolver ese traidor cuerpo policial.
Solo digo una cosa, si
prevaricación es cuando un cargo público toma una decisión a sabiendas de que
es injusta, ¿cómo se llama el delito cuando un Gobierno se niega a tomar una
decisión a sabiendas de que es justa y necesaria?
Estás tan mal informado que da vergüenza leerte.