Desde la Transición, hemos podido ver con mucho pesar, la degradación continuada de nuestro sistema político. Empiezo a tener hasta dudas de la buena voluntad de los llamados “padres de la Constitución” al incluir en ella el Estado de las Autonomías, una organización territorial que no solo era posible que fallara, es que ha significado ese gran fracaso que lo ha estropeado todo.
La primera política que denunció el problema fue Rosa Díez, quien al frente de UPyD, único partido de izquierdas nacional que ha existido, alertó de lo que ocurría con el Estado Autonómico y de que todo iría a peor. No se la puede catalogar de visionaria, pero si reconocer que tuvo la valentía de plantearlo y razonarlo. Pero el sistema bipartidista se encargó de que su proyecto descarrilara.
Unos años más adelante entró en la escena política VOX, con su líder Santiago Abascal a la cabeza y curiosamente les dijo a los españoles exactamente lo mismo y lo sigue diciendo y lucha cada día para acabar con esa maldición que incluyeron en nuestra Constitución, que lastró nuestro pasado, que lastra nuestro presente y que lastrará nuestro futuro.
El Estado de las Autonomías ha dejado de garantizar la unidad de España, porque en su lugar, impulsa la fragmentación institucional, la desigualdad entre ciudadanos y un gasto público descontrolado. La descentralización prevista en 1978 se ha transformado, por decisiones políticas y una interpretación malintencionada, en una estructura no casi federal, casi confederal diría yo y no deseada por los españoles.
La Constitución de 1978 buscó equilibrar la unidad nacional con el reconocimiento de la autonomía regional, sin embargo, eso hace tiempo que saltó por los aires. Nos decían por entonces que el sistema autonómico serviría para la descentralización administrativa, pero no, se ha convertido en una estructura política que multiplica centros de poder, duplica administraciones, genera desigualdad territorial y financia proyectos identitarios.
Todos obvian ese artículo 2 que proclama la “indisoluble unidad de la Nación española” y sobredimensionan el que garantiza el derecho a la autonomía. La autonomía ha ganado protagonismo en detrimento de la unidad, dedicándose a desarrollar proyectos soberanistas y estructuras paralelas.
El resultado de esta auténtica aberración es una Administración excesivamente compleja: 17 gobiernos, 17 parlamentos, múltiples organismos consultivos, empresas públicas, agencias, defensores del pueblo autonómicos y entidades instrumentales que devora una ingente cantidad de recursos públicos tan necesarios para otras cosas.
Pese a que nuestra Constitución dice garantizar que todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones, la realidad es muy distinta, pues el acceso efectivo a numerosos servicios públicos depende del lugar de residencia. Las diferencias en educación, sanidad, función pública, vivienda, servicios sociales o ayudas familiares generan desigualdades. La igualdad ante la ley exige que los derechos fundamentales y los principales servicios no queden condicionados por 17 regulaciones distintas.
El modelo autonómico ha servido para que se utilice la educación para promover identidades nacionales alternativas a la española. La educación debe recuperar su función constitucional como instrumento de cohesión nacional, transmisión de valores constitucionales comunes y fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a España. Resulta imprescindible que el Estado recupere las competencias educativas para garantizar contenidos comunes para todos los alumnos con independencia de su lugar de residencia.
El Estado autonómico no ha logrado integrar los nacionalismos periféricos pues, al contrario, al darles amplias competencias en educación, cultura, medios públicos y administración ha fortalecido institucionalmente a movimientos secesionistas.
Para los partidos políticos, el Estado Autonómico es su particular “Estado del Bienestar”, pero los ciudadanos queremos que no nos sigan arrebatando ese “Estado del Bienestar” que tanto nos costó conseguir, por ello, es imprescindible que el Estado recupere las competencias esenciales, educación, sanidad, justicia y seguridad.
Ya está bien de organismos y entes prescindibles, ya está bien de duplicidades. Queremos que se garantice la igualdad efectiva de derechos en todo el territorio nacional. Queremos que se eliminen los privilegios territoriales. Queremos que se defienda la lengua española como patrimonio común de todos los españoles.
Dicen que el Estado Autonómico es irreversible, pero no es así, porque cada vez más españoles se han dado cuenta de la estafa que supuso y saben que al menos el tercer partido de España está dispuesto a acabar con él en cuanto cuente con la mayoría parlamentaria necesaria.