Ya hay pruebas, de que la
gran pancarta contra nuestro Rey colocada en la Plaza de Cataluña durante los
actos del 17-A, no fue retirada al impedirlo una llamada del consejero Buch. Mossos
no independentistas redactaron un atestado al considerar que la pancarta podía
constituir un delito de odio, y este consejero golpista impidió que la
retiraran. Parece, que al igual que muchos catalanes decidieron salir a la
calle y enfrentarse a los independentistas, en los Mossos está sucediendo algo
parecido, la minoría no separatista intenta infructuosamente que se cumpla la
legalidad.
El gobierno autonómico
catalán está en manos de unos desalmados dispuestos a vulnerar constantemente
la legalidad, e intentan que los Mossos, sean sus cómplices en las fechorías
que perpetran contra las libertades individuales y los derechos democráticos de
la mayoría de los catalanes.
El gobierno catalán está al
servicio de la independencia unilateral, de la ruptura del orden constitucional,
y de la quiebra de la convivencia pacífica entre los catalanes, si Pedro
Sánchez y su Gobierno no lo ven, es porque no quieren verlo, su equidistancia
en el conflicto, sus intentos de apaciguamiento, solo benefician a los
golpistas, y solo perjudican a los ciudadanos constitucionalistas, esos que se
han visto abocados a tirarse a la calle a combatir por su cuenta la toma de las
calles por la simbología separatista.
En octubre de 2017 se “aplicó”
el Art. 155, hoy hay muchos más motivos y de más enjundia para volverlo a
aplicar, si no se hace, es simplemente, porque el cargo de presidente se lo
debe Pedro Sánchez, entre otros, a los separatistas catalanes.
O este Gobierno toma medidas,
o inexorablemente, las calles catalanas explotaran y el conflicto civil será
una realidad. Es una pena, que nuestro sistema democrático no disponga de un
órgano judicial ajeno a los partidos políticos que pueda procesar al Gobierno
cuando consideren que ni cumplen ni hacen cumplir las leyes, cuando consideren
que prevarican.
