Que un partido político
disponga de una caja B de contabilidad es algo deleznable, y debiera dar igual
si el partido es de derechas o de izquierdas. Pero en este país, eso no es así.
Hay una investigación
judicial abierta en torno a lo que claramente parece, financiación ilegal del
PSPV-PSOE en Valencia. Hablamos de contratos millonarios adjudicados a finales
de 2007 por Acuamed, empresa pública creada por el ejecutivo de Zapatero para
desarrollar su, absurdo y fallido plan, de construcción de desaladoras. Muchos
de esos contratos se fraccionaban para evitar las exigencias de la concurrencia
pública en las adjudicaciones, y se hicieron a dedo a empresas amigas.
Hablamos, de que el PSOE, con este sistema creó una trama para, mediante una
red de facturas falsas, financiarse en Valencia.
Conviene saber, que la
empresa más beneficiada, Crespo Gomar SL, fue precisamente la agencia de
comunicación contratada por el PSPV para su campaña electoral, y ya se sabe, se
facturan servicios que pagan terceras empresas mediante el consiguiente proceso
de falsificación de documentos. Ese PSOE que se rasgaba las vestiduras porque
el PP de Madrid hacía lo mismo que ellos en Valencia, ahora calla.
Es tan evidente que sonroja,
si lo hace un partido de derechas, de inmediato se piden dimisiones, se
interponen querellas y denuncias, se pide la creación de una comisión
parlamentaria que investigue en paralelo al juzgado correspondiente, se pone en
marcha un proceso de criminalización de los investigados, los medios tóxicos y
sin escrúpulos afines a la izquierda, casi todos por cierto, no respetan la
presunción de inocencia, realizan un juicio paralelo, condenan a los
investigados, y por ello, presionan a los jueces. En cambio, si como ahora, el
afectado es un partido de izquierdas, se silencia, un silencio que es lisa y
llanamente, manipular a la ciudadanía.
