Por una vez, nos podemos
sentir orgullosos de la justicia española. La decisión del juez Llarena de
retirar la euroorden de detención y entrega que cursó en su día la jueza Carmen
Lamela, puede ser calificada de brillante, pues supone en sí misma la defunción
política de Puigdemont y los cómplices que le acompañan.
Los huidos solo tienen dos
opciones, o deambular el resto de su vida por el mundo con la etiqueta de
cobardes, o volver a España, ser juzgados, y pasar parte del resto de sus vidas
en prisión penando los graves delitos que cometieron. Da igual que sean
candidatos, pues si resultan elegidos jamás podrán recoger su acta, pues antes
serían detenidos.
Hay que tener en cuenta, que
estos delincuentes eligieron como destino de su huida a Bélgica, precisamente
porque su legislación no contempla los delitos de sedición y rebelión, entre
otros, por lo que si el juez belga los hubiesen entregado a España, hubiese
sido por delitos menores como puede ser la malversación, algo que hubiese
creado una situación absurda, pues sus inferiores que se quedaron aquí hubiesen
recibido condenas mucho mayores y por delitos más graves, y el líder rebelde se
hubiese librado de casi todo.
La decisión del juez Llarena
obliga al PDECAT a dar por amortizado al huido y a replantearse su futuro sin
él. Puigdemont dejará en pocos días de ser protagonista en los telediarios, su
estrategia se le ha venido abajo ¿Cuánto tiempo más le va a seguir pagando su
partido los enormes gastos de su estancia en Bélgica? Lo mismo hasta lo vemos
viviendo en una humilde pensión del barrio musulmán de Molenbeek (Bruselas),
allí seguro que esa comunidad le acoge, pues él es uno de los culpables de que
en Cataluña residan la friolera de casi un millón de fieles de esa religión.
