Un juez amigo del
nacionalismo, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó ayer a
un paso del banquillo a Artur Mas y a dos de sus cómplices, las ex consejeras
Ortega y Rigau. Pero todo indica que estamos presenciando un paripé infecto,
pues solo se les acusa de desobediencia y prevaricación al permitir la consulta
del 9 de noviembre de 2014.
El juez Joan Manel Abril,
ha sido el cómplice necesario, el encargado de librar a los acusados del delito
de malversación de caudales públicos, delito formulado por el fiscal y
castigado por el Art. 432 del Código Penal con una pena de prisión entre 2 y 6
años.
Por mucho que el magistrado
señale en su auto, que Mas y sus colaboradores desobedecieron claramente la
orden del Tribunal Constitucional que suspendía la votación del 9-N, haciéndolo
de forma intencional y consciente, por mucho que afirme que el todavía líder de
Convergencia consintió y no paralizó una votación convertida por el
independentismo catalán en una farsa de participación democrática, por muchas
grandielocuentes frases que ponga por escrito, lo cierto es, que de entrada lo
libra de la cárcel. Un insulto a todos aquellos que nos sentimos integrantes de
la Nación española.
Todos, menos el magistrado,
saben que la Generalidad dispuso de fondos públicos para la adquisición del
material necesario para llevar a cabo la consulta, y hablo de ordenadores,
propaganda, urnas y papeletas.
Cuando alguien consuma un
delito gravísimo, y mediante enjuague, no se respetan las normas, principio
básico de cualquier democracia que se precie, el sistema se erosiona, y el
nuestro no está ya para mucho desgaste. Además, la gente empezará a pensar que
cualquier consulta se puede llevar a cabo por mucho que rebase la legalidad vigente,
porque al final, quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las
leyes, pactarán con el delincuente, con el sedicioso de turno.
Espero por el bien de
Mariano Rajoy, que los colegas de Artur Mas no faciliten su investidura, pues
cantaría demasiado.
