Ayer se votó en el Congreso
una proposición no de ley para condenar al Gobierno de Nicolás Maduro por la
situación de los presos políticos en Venezuela. La votación salió adelante con
el apoyo del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, DyL, y PNV.
Podemos, como cualquier
perro que se niega a morder la mano de quien le da de comer, se abstuvo y se
alineo con el resto del “estercolero parlamentario”, extrema izquierda,
separatistas y proetarras. Podemos de nuevo se pone de parte de los carceleros,
torturadores y asesinos, en vez de mostrar su solidaridad con quienes sufren
cárcel por ser demócratas y luchadores por la recuperación de los derechos y
libertadas secuestradas por el gobierno de Maduro.
También se acaba de
conocer, que el Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para abrir una causa
penal contra el principal fichaje de Podemos en el ámbito judicial, la jueza
canaria Victoria Rosell, quien siendo responsable del Juzgado nº 8 de Las
Palmas, prevaricó en la tramitación de una causa en la que estaba imputado un
empresario que tenía negocios con la pareja sentimental de la jueza. Pese a que
el propio empresario ha reconocido los hechos, la Fiscalía del TS, que depende
del Gobierno, siguiendo la línea de Mariano Rajoy de proteger los desmanes de
Podemos con un manto de impunidad, había pedido que se inadmitiera la querella.
Esta señora es la escolta
habitual de Pablo Iglesias en sus comparecencias públicas, y es muy conocida
por los altercados que suele provocar en los aeropuertos. Desde pretender que
le habrán la sala de autoridades al grito de “soy diputada” algo que no le
corresponde, como por negarse a que le registren parte de sus pertenencias.
El último protagonista es
el esperpéntico alcalde de Cádiz, ese al que llaman Kichi. El alcalde gaditano
les dijo a sus vecinos que el pregonero del Carnaval de Cádiz, Pablo Carbonell,
no había cobrado, como es habitual. Pero se ha sabido, que si lo hizo a través
de su grupo, Los Toreros Muertos, grupo en el que es vocalista. Se ha conocido,
que en la redacción del pliego de condiciones de la contratación, reza
textualmente que la productora Raquel Boullosa Comunication S.L. “en calidad de
representante artística en exclusiva de Pablo Carbonell Sánchez-Gijón” cobró
48.400 euros por un “contrato privado de índole artística para la realización
del pregón oficial del Carnaval 2016”.
Hay que ver lo rápido que
los líderes de Podemos han aprendido a delinquir y a mentir, están ya casi
equiparados a los “chorizos” de la casta a los que tanto criticaban.
