La declaración
independentista del 9-N que se produjo en el Parlamento de Cataluña, recordemos
que fue anulada por el Tribunal Constitucional, quien además de emitir ese
fallo, advirtió por escrito a la presidenta del Parlamento, a la Mesa, al
letrado jefe, y a los grupos parlamentarios que el desarrollo de esa
declaración constituiría un delito de desobediencia.
Si tenemos en cuenta, que
hace dos días, Junts pel Sí y la CUP registraron en la Mesa del Parlamento de
Cataluña una iniciativa para constituir tres ponencias para elevar las leyes de
la llamada Transitoriedad Jurídica y para la creación de una Agencia Tributaria
y una Seguridad Social propias, estamos en la antesala de un delito que en un
país normal obligaría a reaccionar de inmediato al Gobierno de la Nación ante
tamaña violación de la legalidad y de las reglas del Estado de Derecho.
Pero claro está ¿si Rajoy
no ha tenido los arrestos necesarios disponiendo de mayoría absoluta, lo va a
hacer ahora que está en funciones?
Lo cierto es, que este Gobierno
lleva financiando los desafíos independentistas mediante el FLA, para que así
la Generalidad se siga jactando y engañando a los catalanes sobre la supuesta
solvencia de una Hacienda catalana que está en la más absoluta quiebra.
Lo que está ocurriendo en Cataluña,
debería propiciar por sí solo, el acuerdo de los partidos constitucionalistas
para formar un Gobierno estable que pueda responder con firmeza al desafío independentista.
Mientras esto ocurre, ayer
se conoció el CIS posiblemente, más cocinado de nuestra historia. Ya está bien
de tanto pensar en el poder y tan poco en el futuro de los españoles, en el
futuro de nuestra Nación, en el futuro de nuestra querida España.
