Ahora mismo en Sevilla se está librando una batalla en torno a la construcción de una gran Mezquita en el Polígono Sur en donde, por una parte, los vecinos y VOX se oponen a ella y por otra, el ayuntamiento que dirige el popular José Luis Sanz con “nocturnidad, premeditación y alevosía” y guiado por intereses desconocidos pretende que se haga realidad, de hecho, ha otorgado la licencia y VOX lo ha parado presentando un recurso.
La construcción de grandes mezquitas, promovidas generalmente con fondos procedentes de países fundamentalistas que apoyan el terrorismo y que persiguen objetivos de influencia geopolítica y control ideológico sobre las comunidades musulmanas radicadas en territorio español, constituye un fenómeno que transciende la mera apertura de un lugar de culto y representa un desafío directo a la soberanía, la seguridad y la identidad cultural de España. Estos proyectos conllevan una serie de efectos perjudiciales en múltiples ámbitos de la vida pública y ciudadana.
Nuestra sociedad tiene que defender su identidad histórica y su herencia judeocristiana frente a quienes son portadores de una cultura absolutamente hostil e incompatible con los valores de Occidente, de nuestra civilización.
Las ciudades españolas poseen un trazado histórico, cultural y patrimonial modelado durante siglos por la tradición católica. La erección de cúpulas o minaretes significan una clara alteración visual y simbólica que quiebra la homogeneidad cultural y debilita la memoria histórica de la Nación, además de significar un retroceso civilizatorio la «islamización paulatina» de nuestros barrios y municipios, siendo evidente que la visibilidad institucional del islam socava la autoctonía de las costumbres y festividades populares.
En lo relativo a la seguridad, la apertura de centros de culto islámicos conlleva riesgos potenciales para la seguridad ciudadana y el orden constitucional. Mezquitas e improvisados oratorios actúan como plataformas de difusión de corrientes como, el salafismo o el wahabismo, incompatibles con la Constitución y el marco democrático español, al adoctrinar fuera del control de las autoridades, lo que, puede facilitar procesos de radicalización religiosa, proliferación de discursos contrarios a la convivencia y aumento del riesgo terrorista.
No se puede permitir, es absurdo que mientras en España se facilitan licencias y terrenos para el culto islámico amparándose en la libertad de culto, en numerosos países de mayoría islámica está expresamente prohibido construir templos cristianos o exhibir símbolos de la fe cristiana.
También producen fractura social, al crearse guetos y producirse choque de valores, ya que está suficientemente probado el fracaso del modelo multicultural, ese que, en vez de integrar, fragmenta y crea sociedades paralelas, debido a que la construcción de una mezquita atrae servicios comunitarios anexos como carnicerías halal, locutorios, asociaciones específicas, que acaban configurando «zonas de no admisión» o barrios cerrados donde rigen normas ajenas al ordenamiento jurídico español.
Y qué decir del conflicto que se crea con los derechos y libertades occidentales, ya que, ciertas interpretaciones extendidas en el entorno de estos templos colisionan frontalmente con principios como la igualdad legal efectiva entre hombres y mujeres, la laicidad de la esfera penal y la primacía de la ley civil por encima de preceptos religiosos como la sharía.
A escala de barrio y vida cotidiana de los vecinos, la instalación de una mezquita produce alteraciones importantes y directas en su calidad de vida al saturarse el espacio público, problemas continuados de movilidad, caos circulatorio y escasez de aparcamiento en las calles aledañas durante los días de gran afluencia, especialmente los viernes o en celebraciones como el Ramadán.
También es público y notorio que la implantación de una Mezquita provoca el descenso del precio de las viviendas, la marcha del comercio tradicional de barrio y el cambio demográfico irreversible del entorno residencial, en otras palabras, los recién llegados expulsan a los vecinos del barrio.
Por todo lo expuesto y por otros muchos motivos, habría que exigir a las administraciones competentes la paralización de licencias para nuevas mezquitas, la realización de consultas populares previas entre los vecinos afectados, la auditoría exhaustiva y prohibición de la financiación extranjera para fines religiosos, y el cierre inmediato de aquellos centros donde se detecte propaganda radical o contraria a la unidad y leyes de España.
Parece claro que la batalla que se está llevando a cabo en Sevilla para evitar la construcción de esa gran Mezquita puede marcar un hito de cara al futuro para evitar esa islamización que la mayoría de españoles, rechazamos.
¡Si San Fernando levantara la cabeza!