En el B.O.E. del 6 de
octubre se publica la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
con la que el Gobierno impone cerrar en 18 meses los casos de corrupción y
modifica el Código Civil para ratificar que los delitos fiscales prescriban a
los cinco años.
En vez de poner más
dificultades legales, imponer penas más duras a los corruptos y dotar de más
medios a la Administración de Justicia para que sea más veloz y eficaz, lo que
hace Mariano Rajoy es dar mayores facilidades a los corruptos para que si les
pillan no tenga el suficiente tiempo la Justicia para encontrar pruebas y
meterlos en la cárcel.
De todos son conocidas las
carencias de nuestra Justicia, una situación que arrastramos desde tiempos
inmemoriales, la ridícula parte del PIB que se dedica a la Justicia en nuestro
país no es acorde con lo que se le dedica en otras democracias occidentales, la
falta de medios materiales y humanos es palmaria. Este Gobierno, no solo no
dota a la Justicia de lo necesario, si no que la obliga a funcionar con más celeridad
en los casos de corrupción, un auténtico dislate.
Con la reforma de ley
aprobada ninguno de los grandes casos de corrupción descubiertos estos últimos
años, casos de una enorme complejidad, hubieran llegado a buen puerto. Una cosa
es lo que hayan votado cada uno de los viejos partidos a esta reforma, y otra,
la satisfacción que sentirán al saber que la impunidad está consiguiendo dar
pasos de gigante.
Desde ahora, la posibilidad
de ir a la cárcel por un caso de corrupción, teniendo en cuenta los cada vez
más sofisticados métodos empleados, se me antoja cada vez más difícil.
Dar nuestro apoyo a los
partidos del bipartidismo corrupto es apoyar a quienes desde el poder nunca
legislan por el bien de la comunidad, y si,
por el bien de ellos. Nunca mejor dicho, los viejos partidos son parásitos
que le chupan la sangre a la ciudadanía, y esta, de nuevo parece optar por
ellos por ese miedo a lo desconocido que parece trasladarse a nuestra sociedad.
Nunca es mejor corrupto conocido.
