¿Hasta
cuando soportará Susana Díaz a sus socios bolivarianos? Esa es la
pregunta que se hacen buena parte de los andaluces. De entrada,
nuestra presidenta ha anunciado la retirada de competencias a la
Consejera de Vivienda, la comunista que la desafió mediante el
realojo de los okupas de la “Corrala Utopía”.
La
presidenta les advirtió de la ilegalidad que pretendían perpetrar,
la consejera Cortés hizo oídos sordos y entregó las llaves de ocho
viviendas de la Junta y otras diez privadas en alquiler. Nadie duda,
que Susana está “hasta el gorro” de sus socios y que ya baraja
un posible adelanto electoral para desembarazarse de ellos.
Cuando
existe un orden legítimo en una lista de adjudicación de viviendas
sociales, en Sevilla hay 12.500 personas, Izquierda Unida no puede
colar a quien le plazca y premiar al que le pega una patada a una
puerta ajena. Atención al efecto llamada que estos irresponsables de
IU pueden producir y a la inseguridad jurídica que puede provocar.
Es
evidente, que las administraciones tienen la obligación de atender a
las familias en riesgo de exclusión social, especialmente a las que
tienen a su cargo, menores y personas dependientes. Pero lo que pocos
saben, es que de los 118 que comenzaron la ocupación solo tres
tenían acreditada la situación de exclusión social.
Lo
cierto es, que IU se montó su chiringuito en esa llamada “Corrala
Utopía”, la gestionaba Irma Blanco, militante de IU y colaboradora
de los proetarras de Bildu, el Tesorero era familiar de otro cargo de
IU, y los líderes no vivían allí, solo iban cuando había
“movida”.
Izquierda
Unida culpó al alcalde de Sevilla, al popular Zoido, de ordenar a la
policía el desalojo forzoso, una gran mentira, pues existía una
sentencia del juez nº3 de Sevilla que fue ratificada por el Tribunal
de DDHH de Estrasburgo.
No
podemos olvidar, que Ivercaja, les ofreció en noviembre de 2011
pisos alternativos y que se rechazaron, y que muchos de los vecinos
allí encerrados denunciaron que les querían utilizar políticamente.
Incluso denuncian que las ayudas jamás llegaron a las familias.
Cuando
se produjo el desalojo, solo habían doce pisos akupados, ¿Quienes
han sido los intrusos? Sevilla ha vivido un episodio lamentable
protagonizado por un partido, Izquierda Unida, que cada vez que actúa
con su estilo bolivariano, mancha la “marca Sevilla”. La solución
solo la tiene nuestra Susana.
No se si es verdad que los andaluces estén hartos de IU, para eso habrá que convocar elecciones y ver el resultado, y por las encuestas que se publican parece que tu afirmación no es tan real, sino un poquito sesgada, como todo lo que escribes.
Creo que Susana ha pegado un puñetazo en la mesa para impresionar y romper el pacto de gobierno que no va con su ideario ni con su forma de concebir la política y que esos nuevos inversores exigen. A ella, al PP y a vosotros les interesan que sigan existiendo pobres y que haya una cantidad ingente de familias que necesiten una vivienda, y que estas se las ofrezcan a través de créditos bancarios, y yo pregunto qué banco les va a ofrecer un crédito a estas familias?
La Consejería de Fomento ni ha hecho algo ilegal, ni se ha atribuido lo que no le corresponde, al contrario ha aplicado la ley, más concretamente el artículo 13.1b del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que resulta sorprendente la argumentación de Susana Díaz e incluso el propio Ayuntamiento de Sevilla (PP), que se ha negado a realojar a las familias en el parque público municipal, utiliza un baremo similar. En un acuerdo del pleno del 30 de octubre de 2013, la empresa municipal de vivienda (Emvisesa) creaba un mecanismo excepcional para el acceso a la vivienda pública hogares "con necesidades urgentes de vivienda social". El acuerdo permite a estas familias ser incluidas en pisos del ayuntamiento al margen de "la obligación de adjudicación de registro público municipal" siempre que demuestren ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM anual en vigor. Es decir, el ayuntamiento permite eludir la obligación del registro en el listado de pisos municipales a familias que ingresan hasta 15.975 euros anuales. El pleno de Emvisesa también acordaba esta medida para unidades familiares "en grave situación de exclusión social" o "en proceso de realojo". Firma el documento el alcalde y presidente de Emvisesa, Juan Ignacio Zoido.
Sobre lo bolivariano, que es el adjetivo preferido de la derecha española cuando se refiere a IU, es un buen adjetivo para quienes ponen el foco en las más 700.000 viviendas vacías en manos de los bancos, pero ni a ustedes, ni al PSOE les interesa meterle mano a eso, lo que os interesa es esa guerra mediática entre pobres sobre los despojos del sistema, de vuestro sistema.