Todo
el que pase por allí se dará cuenta, el edificio de Ibercaja de San
Lázaro lleva tiempo ocupado por la llamada “Corrala Utopía”,
aunque ya no están las 32 familias que lo ocuparon, 6 de esas
familias llegaron a un acuerdo con la entidad bancaria para
reubicarse pagando un alquiler de acuerdo con sus posibilidades
económicas, ya que ellas solo pretendían protestar de ese llamativo
modo y poder acceder a una vivienda digna.
Ahora,
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
anuncia que ha conseguido aplazar el desalojo del bloque de San
Lázaro ordenado por el juez hasta que se les habilite unos pisos
protegidos de la Empresa Pública del Suelo (EPSA).
Los
representantes de las seis familias que ya han abandonado la
ocupación del edificio, denuncian que las que quedan allí son de
Izquierda Unida, y que incluso una de esas familias es la del cuñado
de la delegada de Vivienda en Sevilla. Informan de que en varias
ocasiones La Corrala ha sido visitada por la propia delegada de
Vivienda, acompañada de la cabecilla del movimiento, conocida
militante de IU.
Acusan
a la consejera Cortés (IU) de que todo ha sido un montaje de su
partido para dar VPO de EPSA a sus propios militantes y no a las
familias mas necesitadas. De hecho, también denuncian, que IU
controlaba todo el dinero que se recaudaba, que les obligaban a ir a
las manifestaciones contra el Ayuntamiento y que echaban del edificio
a quienes no les obedecían, que se han sentido utilizadas
políticamente.
Si
lo que dicen estas familias es cierto, y no hay porque dudarlo,
estamos ante hechos gravísimos que deberían ser investigados.
Cuando IU formó gobierno con el PSOE en el ayuntamiento de Sevilla,
la coalición se vio envuelta en innumerables escándalos de
corrupción, muchos de ellos siguen investigándose, ahora que ha
reeditado ese pacto de gobierno en la Junta parece que vuelve a las
andadas.
Izquierda
Unida es como el resto de viejos partidos, llegan al poder para
beneficiar descaradamente a los suyos pisoteando a diario el
principio de igualdad que debe regir en una sociedad democrática.