Cuando
han pasado mas de 125 años desde su fundación, la Unión General de
Trabajadores continúa manteniendo un gran poderío institucional y
económico, pero debido a sus prácticas presuntamente ilegales y conocidas por
todos los trabajadores de este país, su credibilidad sindical se ha
hundido.
UGT
es un entramado empresarial compuesto por 81 sociedades y dos
fundaciones que mueven cada año mas de cien millones de euros de
dinero público, y una incalculable cantidad procedente de sus
manejos y prácticas presuntamente ilegales.
UGT
ideó un plan para sobrefinanciarse con cargo al contribuyente
saltándose las auditorias y los distintos controles de las distintas
administraciones. El desvío de fondos lo realizaban de distintas
maneras, le pedían a una empresa contratada por ellos que le
emitiera una factura con cargo a un programa subvencionado, cuando en
realidad adquirían un bien o un servicio prestado. Si algún
proveedor se negaba, no le pagaban lo que le debían y que se
olvidara para siempre poder hacer negocios con UGT, sus proveedores
eran simples víctimas de una extorsión.
Pero
no quedaba ahí la cosa, si el proveedor era habitual, le exigían
rápeles o descuentos que podían llegar al 20%, ademas de pedirles
cantidades destinadas al llamado “bote”. Fijaros si se sentían
impunes, que los botes aparecían en el sistema informático contable
del sindicato, unas prácticas presuntamente delictivas pero consolidadas.
UGT
cobraba comisiones del 15% por los cursos de formación
subcontratados y utilizaba habitualmente empresas pantalla.
La
suma de todo lo que ha ingresado este, mas que sindicato, «organización mafiosa», conseguida del desvío de ayudas públicas,
aún no se ha cuantificado, pero podemos estar hablando de cantidades
de auténtico vértigo.
Si
a todo esto le sumamos que el comportamiento del sindicato con sus
propios trabajadores es similar al que ejerce el mas despiadado de
los patronos, es lógico pensar que la única salida del sindicato
sería su refundación.