La corrupción política no cesa.

Ignacio
González, presidente de la Comunidad de Madrid, tiene un problema.
Su mujer ha sido imputada por la compra de su ático de lujo de
Marbella del que él también es propietario.

Lo
normal sería que Ignacio González acudiera a la Asamblea de Madrid
a dar de inmediato explicaciones sobre este presunto blanqueo de
dinero, pero parece que no está por la labor, limitándose a
insultar a jueces y fiscales.

Que
el presidente de la Comunidad de Madrid esté envuelto en un
escándalo en cuya trama están involucradas empresas radicadas en
paraísos fiscales, es algo que no se puede permitir.

Hablamos
de un caso de fraude a la Hacienda Pública y de lavado de capitales.
Por supuesto que Ignacio González tiene derecho a la presunción de
inocencia, pero si su esposa va a juicio por algo que presuntamente
han cometido ambos, el debería de dimitir.

Estamos
ante un nuevo caso de la corrupción política generalizada que
padece este país.

Ayer
precisamente, se reunieron aquí en Sevilla, los jueces decanos
españoles para hablar de como atajar con mayor contundencia la
corrupción. Proponen suprimir la posibilidad de suspender el
cumplimiento de la pena de cárcel impuesta a un condenado por el
mero hecho de que este decida solicitar un indulto al Consejo de
Ministros, así como, que los delitos de corrupción sean resueltos
siempre por juzgados profesionales, y no por un jurado popular,
debido a la especial complejidad de las causas.

También
solicitan que los jueces instructores de casos de corrupción
dispongan de protección policial, para evitar así, casos de acoso
como el sufrido por la juez Alaya por parte de sindicalistas de UGT y
CCOO, ya que la seguridad es un factor fundamental para asegurar su
independencia.

Como
vemos por las peticiones de los jueces decanos, los políticos les
ayudan muy poco para combatir su propia corrupción.