De
entrada, quiero dejar muy claro que ni soy partidario ni contrario a
la privatización de la gestión sanitaria. Y lo digo, porque pienso
que con este asunto se está haciendo mucha demagogia. Lo mas
importante debe ser la calidad del servicio prestado y después, lo
que cuesta dar ese servicio.
La
imputación de dos ex consejeros de Sanidad de Madrid por beneficiar
presuntamente a empresas que se quedaron con la gestión de parte de
ese servicio público y con las que han acabado teniendo relación
profesional, es la consecuencia de hacer algo sin transparencia y sin
garantías.
Lo
cierto es, que el ex consejero Lamela creó una sociedad entre cuyos
clientes estuvo una de las empresas beneficiadas por el y que entró
a gestionar la sanidad madrileña. Güemes pasó a trabajar en un
laboratorio que, durante su etapa de consejero, consiguió uno de los
jugosos contratos que ofertó su departamento.
O
nos encontramos ante un caso espectacular de torpeza política, o
ante un caso claro de prevaricación y cohecho. De hecho, las
empresas adjudicatarias y la cúpula de la Sanidad madrileña lo
tendrían muy crudo si se demostrase la culpabilidad de los dos ex
consejeros, pues en el caso de la Consejería estamos hablando de
malversación de caudales públicos.
No
se puede permitir, que un consejero privatice y adjudique la gestión
de los hospitales madrileños a sabiendas de que con posterioridad va
a ser fichado por una adjudicataria o por una de sus filiales. Aquí
hablamos de políticos, que en vez de mirar por el interés de los
ciudadanos, miran solo por garantizarse su futuro.
Desgraciadamente,
esto es lo que hay, político profesional que se garantiza una
jubilación dorada a través de favores realizados durante su
mandato.