La
Audiencia Nacional ha resuelto el caso Faisán de la manera mas
infame y escandalosa, penas de año y medio para los dos policías
que cumplían órdenes, de esa manera ninguno pisa la cárcel y se
evita el riesgo de que a alguno se le ocurra “cantar la gallina”.
Un
auténtico escándalo que aumenta mas si cabe la indignación
ciudadana existente y la desafección hacia la Justicia. Nadie
entiende como se puede condenar a quien cumple órdenes en vez de a
quien le ordena cometer el delito.
Los
argumentos de la AN para decir que los dos policías no incurrieron
en el delito de colaboración con banda armada, son de auténtica
aurora boreal, pues para la AN, los acusados delinquieron porque
querían favorecer el “proceso de paz” que estaba en curso y que
fue aprobado mediante la declaración del Congreso de los Diputados
el 17 de mayo de 2005, cuya declaración dio cobertura al gobierno de
Zapatero para negociar con la banda asesina ETA. Curiosamente, todos
olvidan, que el Parlamento daba el visto bueno al inicio de las
negociaciones siempre y cuando ETA entregara las armas, cosa que
nunca ocurrió.
No
hace falta decir, que la sentencia en su totalidad es un insulto a
las víctimas, ya que el fin nunca justifica los medios, y el derecho
de todas las víctimas de ETA a que se persigan los delitos de la
banda no puede ser pisoteado en pos de eso que llama la Audiencia
Nacional como “paz social”.
Esta
sentencia vergonzante de la Audiencia Nacional es fruto de la
connivencia de la Judicatura con el Ministerio del Interior,
connivencia que solo es posible dada la falta de independencia del
poder judicial con respecto al poder político.
Estando
en la oposición, el Partido Popular se llevó durante mucho tiempo
preguntándole a Rubalcaba por el caso Faisán en sede parlamentaria,
ahora desde el poder favorecen para que no se investigue y se
descubra quien le dio las órdenes a estos dos policías. Esto huele
a cambio de cromos entre los dos miembros del bipartidismo único que
padecemos, pues condenar a la cúpula del Ministerio del Interior de
entonces crearía un precedente que los políticos profesionales
quieren evitar y así mantener su impunidad.
Lo
cierto es, que no solo las víctimas del terrorismo se sienten
estafadas por esta sentencia que ha juzgado uno de los casos mas
sangrantes de la lucha contra ETA, nos sentimos estafados todos. Una
última esperanza sería que la Fiscalía recurriese y el Supremo
hiciese justicia, aunque visto lo visto tengo poca confianza en que
eso se produzca.