El
Informe Doing Business 2013 del Banco Mundial lo dice claramente,
España es un país donde es muy difícil abrir una empresa y
desarrollar una actividad productiva, algo que supone un importante
lastre para la competitividad económica del país, para su
crecimiento y para la creación de empleo.
En
este informe, el Banco Mundial, ha medido la facilidad para hacer
negocios en las economías de 185 países, y España, desde que
apareció la crisis pierde posiciones constantemente en este ranking.
En
cuanto a la facilidad para desarrollar una actividad empresarial,
ocupamos el puesto 44º; en cuanto a la facilidad para abrir un
negocio, ocupamos el puesto 136º, algo escandaloso; en cuanto a la
protección de inversores el 100º; y en cuanto a cumplimiento de
contratos el 64º. En España es preciso realizar una media de 10
procedimientos para instalar una empresa, cuando la media de la OCDE
es solo de 5, y se tardan 28 días en hacerlo frente a los 7 de
Francia o los 6 de Italia.
Todas
estas disfunciones se deben a la fragmentación de la unidad de
mercado y al exceso de cargas administrativas. La excesiva burocracia
y la descoordinación entre administraciones suponen tal esfuerzo,
que lastra la creación de empleo y la generación de actividad
económica.
La
hipertrofia regulatoria de nuestras administraciones públicas es tan
brutal que, solo en el año 2011, y sin contar con lo hecho por los
ayuntamientos en esta materia, se aprobaron casi 3.000 normas a nivel
estatal y mas de 10.000 a nivel autonómico, sumando mas de 13.000
leyes en total. En plena crisis, Gobierno y CCAA legislaron a un
ritmo de 13.000 normas y 900.000 páginas de boletines oficiales en
un solo año. Si a esto sumamos las mas de 6.500 normas anuales de la
UE, creo que nos podemos hacer una idea de la situación.
Frente
a este mercado superfragmentado, nuestro Gobierno se puso manos a la
obra para legislar y conseguir la Unidad de Mercado, pero claro
está, se topó con los de siempre, con los independentistas, le
temblaron las piernas y a fecha de hoy, la tan cacareada Ley de
Unidad de Mercado sigue sin hacerse realidad, irá al Parlamento,
será aprobada, y será incumplida por, tomemos el ejemplo de
Cataluña, sin que el Gobierno central tome medidas, tendrá la misma
actitud pasiva que ha tenido con el incumplimiento que hace el
gobierno catalán del resto de leyes y sentencias judiciales.